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SANTO DOMINGO.- El juez de instrucción Francisco Ortega Polanco envió a juicio de fondo a seis de los siete implicados en el caso de sobornos de Odebrecht.
El ex senador Jesús Vásquez Martinez fue el único que fue beneficiado con un no ha lugar.
Los otros cinco van a juicio de fondo, ordenó el juez Ortega Canela.
Ellos son Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas; Ángel Rondón, identificado como el enlace entre la compañía y los supuestos sobornados; Conrado Pittaluga, quien fungía como abogado; Tommy Galán, senador por el Partido de la Liberación Dominicana; Andrés Bautista García, exsenador por el Partido Revolucionario Dominicano, y Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (INAPA).
Vásquez Martinez dijo que el lunes hablará sobre el caso.
La lectura de la sentencia comenzó a las 9:05 de la mañana luego de la entrada del magistrado, quien comprobó que estaban presentes todos los encartados y sus defensores.
Finalizó a las 1:22 y cuando iban saliendo fueron llamados por el juez nuevamente.
Del caso habían excluidos anteriormente César Sánchez, Bernardo Castellanos, Julio César Valentín, Máximo D’Oleo, Ruddy González, Temístocles Montás, Alfredo Pacheco y Radhamés Segura, al considerar que no existen evidencias que los incriminaran.
El fallo es leído por las secretarias del Tribunal.
Tras detectarse la espiral de sobornos, Odebrecht fue condenada al pago de 184 millones de dólares en favor del Estado dominicano, de los cuales ha pagado US$60 millones en dos partidas de US$30 millones, una realizada en enero de 2017 y otra en julio de 2018.
Los fondos serían utilizados para desarrollar programas de prevención y combate a la criminalidad en el país, así como a la reforma penitenciaria, de acuerdo a lo explicado por la Procuraduría, cuando recibió la segunda partida del dinero.
Los imputados fueron apresados mediante allanamientos la mañana del 29 de mayo de 2017, cuando un contingente policial, acompañado de fiscales y procuradores adjunto, se presentó a la residencia del exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez, al que le siguió otra decena de allanamientos, incluyendo las oficinas principales de la compañía en República Dominicana, ubicadas en el octavo piso de la torre Diandy XIX.
Al grupo el mismo juez que conoció el juicio preliminar le dictó prisión preventiva el 7 de junio de 2017, medida que fue variada por el propio Ortega Polanco.
Pero no fue hasta el 7 de junio de 2018 cuando el ministerio público presentó acusación formal en contra de los siete implicados, a quienes acusa de recibir soborno, prevaricación, enriquecimiento ilícito, falsedad en escritura y lavado de activos.
En sus conclusiones del juicio preliminar el Ministerio Púbico solicitó al tribunal enviar a juicio de fondo a los implicados para que allí respondan por los hechos que se les imputan.
Además de su país natal Brasil, y República Dominicana, la compañía también incurrió en el pago de soborno en Colombia, Venezuela, Panamá, Argentina, Ecuador, Perú, Guatemala, México, y África, donde también ha llegado a acuerdos de pagos en favor del esos Estados.
Luego del mayúsculo escándalo que acaparó la atención internacional, Odebrecht cambió de nombre y ahora se denomina OEC, acompañado de una nueva identidad visual. La medida fue anunciada el pasado 2 de mayo.
Sin embargo, a poco menos de un mes de dar a conocer la iniciativa, el conglomerado brasileño solicitó acogerse a ley de quiebras a la Justicia del país suramericano.
