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15 de Septiembre, 2019
Por:  - lunes 22 julio, 2019

Alcalde Santiago no acepta orden sobre el desarme de agentes municipales

Tras alegar incompetencia por parte del fiscal, el alcalde de Santiago, Abel Martínez, rechazo la intimación que le hizo el representante del Ministerio Publico para que desarme a los integrantes de la Policía Municipal.

De acuerdo a Martínez, el procurador fiscal de esa demarcación carece de potestad para inmiscuirse en asuntos edilicios, lo cual fue comunicado mediante una nota enviada por la oficina de relaciones públicas del cabildo.

En el comunicado la alcaldía considera como una desconsideración y desconocimiento de la ley que el titular del Ministerio Público quiera involucrarse en asuntos que competen a una institución que cumple con lo establecido por la Ley 176-07 que rige los ayuntamientos y los distritos municipales.
Indica que el procurador fiscal, José Francisco Núñez, debió proceder conforme a lo que dispone el artículo 59 de la Ley 137-11, iniciando un procedimiento de conflicto de competencia por ante un Tribunal Constitucional.

Afirma que al procurador fiscal la ley no lo faculta para ordenar a un ayuntamiento, ya que corresponde exclusivamente al Ministerio de Interior y Policía.
“Pero el fiscal Núñez tampoco observó el artículo 104 de la Ley 176-07, actitud que lo coloca como un desconocedor del procedimiento”, sostiene el documento del ayuntamiento de Santiago.
Agrega que la alcaldía rechaza que el fiscal santiagués trate de cuestionar la función de la Policía Municipal, por lo cual la actitud del representante del Ministerio Público es “un irrespeto a la autoridad municipal”.
Precisa que la misión de la Policía Municipal es cuidar, vigilar y preservar los bienes municipales como parques, mercados, cementerios, mataderos, galleras, plazas, plazoletas, instalaciones deportivas, centros comunales y áreas verdes.
El pasado viernes, el procurador fiscal José Francisco Núñez envió un acto notarial al alcalde Abel Martínez, advirtiéndole que debía proceder a desarmar los ciudadanos civiles que porten armas de fuego a nombre del Ayuntamiento.

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