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BOLIVIA (INFOBAE).-Ante una multitud de ciudadanos reunidos en el monumento al Cristo, donde hace 20 días hubo un cabildo que resolvió un “voto castigo” a Evo Morales en las elecciones presidenciales del domingo pasado, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, dio inicio a un paro cívico nacional indefinido que exige al Tribunal Supremo Electoral confirmar hasta el mediodía de este miércoles la segunda vuelta en Bolivia con fecha definida.
Si el ultimátum no es atendido, se volverá a convocar a otro cabildo en el que se posesionará y reconocerá al nuevo Presidente Constitucional de Bolivia, además de desconocer al binomio Evo Morales-Alvaro García Linera, que deberá abandonar el Palacio de Gobierno el 22 de enero de 2020, según la resolución leída por el dirigente cívico de Santa Cruz durante el inicio de la medida extrema de presión.
Mientras continuaban este martes las marchas y los disturbios en La Paz, Cochabamba y otras poblaciones, con gasificaciones de la Policía a manifestantes, que dejó a una joven herida, dos horas antes de la medianoche empezaron los bloqueos de carreteras en la región de Santa Cruz y en poblaciones de las fronteras, que apuntan a replicarse en los otros ocho departamentos de Bolivia.
Las protestas ciudadanas estallaron el lunes en la noche, cuando se reanudó la Transmision de Resultados Electorales Preliminares (TREP), que fue suspendida el domingo de la elección, cuando tenía un avance hasta el 83 por ciento de la votación. En ese momento los datos anunciaban una segunda vuelta entre el presidente Evo Morales y el candidato de la oposición Carlos Mesa, con poco más de siete puntos de diferencia.
Sin embargo, al reanudarse el conteo del TREP la noche del lunes, a un 95 por ciento, el TSE confirmaba el triunfo de Morales en la primera vuelta, con algo más de diez puntos. La interrupción del conteo por más de 20 horas y el aumento de las cifras a favor de Morales en el nuevo informe generaron observaciones y dudas de la misión de observadores de la OEA, además de denuncias de la alianza de Carlos Mesa y de otras organizaciones de un presunto fraude.
El candidato presidencial de la oposición convocó a vigilias y a movilizaciones en los tribunales electorales departamentales para proteger el voto durante los conteos oficiales. Algunas derivaron en enfrentamientos con la Policía.
