SAN PEDRO DE MACORIS, RD.- El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional reenvió el conocimiento de las medidas de coerción contra la suspendida fiscalizadora de la Unidad de Género en esta ciudad, acusada de avalar acuerdos con agresores de mujeres que luego las mataron.
La decisión fue adoptada para que los abogados de la defensa de Margarita Hernández concluyan los presupuestos a presentar al Tribunal.
Danny Sánchez, abogado y vocero de la acusada reiteró que contra su defendida hay una trama.
La fiscalizadora está acusada de violar los artículos 265, 267, 126, 127, 147, 148, 177 y 178 del Código penal en perjuicio de Juana Domínguez Salas y Anibel González Ureña.
El Ministerio Público solicita un año de prisión preventiva.