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6 de Diciembre, 2019
Por:  - martes 03 diciembre, 2019

Diputada somete proyecto que busca modificar las Leyes No. 33-18 y la 15-19

Santo Domingo RD.- La diputada y aspirante a senadora por el Distrito Nacional, Faride Raful, da a conocer proyecto de ley que procura incluir nuevas normas al delito y crímenes electorales, relacionados con el uso de bienes, servicios y/o recursos públicos, además de incrementar las sanciones de infracción ya puesta en ejecución.

La iniciativa legislativa, depositada ante  la Cámara de Diputados, plantea las modificaciones a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos No. 33-18, promulgadas el 15 de agosto de 2018 y a la Ley Orgánica de Régimen Electoral No. 15-19.

Raful explicó que el proyecto busca reforzar las normas para la recepción de aportes económicos dirigidos a campañas y la participación de funcionarios públicos en proselitismo. De igual manera dispone sanción contra el uso en los procesos eleccionarios internos y generales, de símbolos, figuras, expresiones y mecanismos que denigren la condición humana y la dignidad de una o más personas o de candidatos.

Asimismo, impide a los funcionarios y ejecutivos de las entidades de intermediación financiera, con capital estatal o público de más de un 50%, otorgar facilidades de crédito de cualquier naturaleza durante los períodos de precampaña y campaña electoral.

La misma prohibición va dirigida a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, establecidos en las leyes de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y Orgánica de Régimen Electoral, sin perjuicio de otras sanciones administrativas establecidas en la Ley Monetaria y Financiera.

La diputada también sostuvo que este proyecto busca sancionar el ejercicio de ordenar a empleados bajo la dependencia del precandidato o candidato a asistir a eventos, actividades, caravanas, mítines y/o cualquier tipo de acto público de campaña y/o actos de precampaña de partido, agrupación y movimiento político.

De ser acogidos por el Congreso los cambios en los marcos legales citados, sería sancionable el hecho de favorecer con promociones, bonificaciones, o ascensos indebidos a quienes dentro de la entidad a su cargo participan en campaña política, ya sea a favor del titular o superior jerárquico de la institución de que se trate.