Las acusaciones contra Rondón, Bautista, Díaz Rúa, Pittaluga y R.Rodríguez

República Dominicana.-A partir del fallo este martes de la Suprema Corte de Justicia, renunciando a su competencia para  juzgar a los encartados por los sobornos que la constructora brasileña Odebrecht dijo haber pagado en el país, será la Cámara Penal del Distrito Nacional, presidida por Teófilo Andújar, la que deberá designar uno de los cuatro tribunales colegiados para conocer el proceso al empresario Ángel  Rondón, al abogado Conrado Pittaluga, al expresidente del Senado, Andrés Bautista; al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y, al exdirector de INAPA, Roberto Rodríguez.

En el caso de Ángel Rondón Rijo, fungía como representante comercial de la multinacional Odebrecht en la República Dominicana y, está acusado de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos.

Mientras que Andrés Bautista, quien presidió durante tres períodos el Senado de la República, está acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

A Víctor Díaz Rúa, exministro de Obras Públicas y exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados –INAPA- se le acusa de recibir sobornos y de prevaricación en el ejercicio de sus funciones.

El abogado Conrado Pittaluga está acusado de soborno, enriquecimiento patrimonial ilícito y lavado de activos.

Y, Roberto Rodríguez, quien fue diputado y senador, además de ocupar el cargo de director del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, está acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por supuestamente haber recibido sobornos y falsear su declaración jurada y ocultado numerosos inmuebles, productos financieros y empresas, "a fin de no revelar el sustancial patrimonio que había acumulado ilícitamente".

Jurisdicción privilegiada

En el caso del senador de San Cristóbal por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana, Tommy Galán, la Suprema Corte de Justicia decidió mantener solo su caso en dicha jurisdicción.

Galán está acusado de soborno, prevaricación, falsedad, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

Su caso será conocido en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, compuesta por cinco miembros.

El Ministerio Público asegura que, desde el cargo de presidente de la comisión de finanzas del Senado, influyó entre sus colegas para que se aprobaran contratos de obras millonarias a favor de Odebrecht.