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SANTO DOMINGO, R D.- La Procuraduría General de la República informó que en el año 2019 incineró más de 14,507 kilogramos de diferentes drogas decomisadas en varios puntos del país por los organismos de seguridad del Estado y el Ministerio Público.
En un informe la institución explicó que de un total de 14,507 kilogramos y 548 gramos incinerados, 7,851 kilogramos corresponden a marihuana y 6,537 kilogramos a cocaína. El resto corresponden a éxtasis, crack y heroína, entre otras.
La Procuraduría General de la República, informó que los decomisos de mayor cantidad en ese período se registraron en las provincias Santo Domingo, seguida por La Altagracia, el Distrito Nacional, Azua y La Romana.
El informe de la quema de sustancias controladas fue preparado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), dependencia de la Procuraduría General de la República, responsable de la quema de los diferentes tipos de droga que recibe de las incautaciones realizadas por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el DICAN de la Policía Nacional.
También detalla que la quema de las sustancias en el año 2019 cerró con 223 kilogramos, 253 gramos y 293 miligramos de 1,244 casos que recibió en el período comprendido entre el día 16 al 31 de diciembre de 2019.
El 83.83% de esa incineración fue de cocaína, el resto de marihuana, crack y éxtasis incautadas en las provincias, Peravia con 162,896; Santo Domingo con 10,936; el Distrito Nacional con 9,061; Montecristi con 8,179; La Romana con 5,007 y Santiago con 4,506, entre otras.
La quema de las sustancias se realiza cada semana en las instalaciones de la Primera Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana, cumpliendo con lo que establecen los artículos 33 y 92 de la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, y el artículo 26 acápite 3 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
Francisco Gerdo, director del INACIF, explicó que la destrucción se lleva a cabo en presencia de representantes de la DNCD, de la Dirección Central Antinarcóticos (DICAN) de la Policía Nacional y del Ministerio de Salud Pública, entre otros organismos y entidades de la sociedad civil.
