Santo Domingo.-El llamado de la Iglesia Católica a los dominicanos para que no vendan su voto durante las próximas elecciones es un reto más para la Junta Central Electoral, entidad que debe velar que hayan elecciones libres y transparentes, así lo entienden varios legisladores que se mostraron conteste a los pronunciamientos de la iglesia.
Según denuncia el vocero de los diputados peledeistas, Gustavo Sánchez, durante años los policías electorales se han hecho de la vista gorda ante la compra de cédulas que se produce en los alrededores de los centros de votación.
“Yo hago un llamado a la Junta Central Electoral para que llame la atención de los funcionarios de mesas que se prestan a incidir en la elección de los ciudadanos que acuden a votar”, dijo Sánchez
En esa dirección, los congresistas demandan que se cumpla la Ley 15-19 en cuanto a la designación del procurador electoral.
“Esa ley manda a que se designe un procurador electoral, que no se ha nombrado todavía. Esto a pesar de que la ley ya tiene un año de haber sido promulgada “, destacó el diputado Ito Bisonó.
Para quienes se dispongan a comprar o vender su voto la Ley de Régimen Electoral prevé penas de hasta dos años de reclusión y el pago de hasta 5 salarios mínimos del sector público.
Pese a que se acercan procesos electorales complejos, hasta el momento ni se ha creado la procuraduría especializada, ni el tribunal Superior Electoral cuenta con las herramientas para procesar a quienes cometan delitos penales en materia electoral.