Santo Domingo.- Catedráticos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo- UASD-, consideran como tardía la decisión de la Junta Central Electoral y la Procuraduría General de la República de designar fiscales penales para perseguir los delitos electorales.
Para el abogado y catedrático Jesús Bueno la Junta Central y el Ministerio Público están retrasados, ya que los delitos electorales se cometen desde hace mucho tiempo en cada proceso electoral que se realiza en el país, y agregó que hace mucho tiempo debieron establecer medidas y sanciones para los violadores de las leyes electorales.
“Es que siempre todo el tiempo debió perseguirse, condenar y castigar a los que practican ese tipo de delitos”, agregó el catedrático.
Otros abogados consideran que la Junta Central busca reivindicarse con la sociedad, producto de los escándalos ocurridos en las pasadas primarias del 6 de octubre.
Agregan que no es a la Junta Central ni al Ministerio Público que le corresponde perseguir los delitos o fraudes electores, sino al Tribunal Superior Electoral.
Este lunes el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez se reunió con el presidente del Tribunal Superior Electoral, Román Jáquez, para coordinar los pasos a seguir a fin de sancionar a quienes cometan delitos electorales en las elecciones venideras.