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26 de Febrero, 2020
Por:  - miércoles 29 enero, 2020

Denuncian mafia en la Jurisdicción Inmobiliaria de La Vega

Santo Domingo.-Un empresario inmobiliario de Jarabacoa denunció hoy  la existencia de una mafia en la Jurisdicción Inmobiliaria en La Vega,   que ha intentado despojarlo de 41 propiedades, por lo que pidió la intervención del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina.

Eduardo Lorenzo Collado Báez dijo  que en esa red mafiosa hay varios funcionarios del Poder Judicial que abarcan Registradores de Títulos, Alguaciles, abogados, Notarios Públicos, jueces y fiscales  que han actuado en componenda  con  la red mafiosa,  para que con un acto falso sus propiedades hayan sido afectadas.

Dijo que su proceso lleva seis años sin resolverse y  sus propiedades siguen obstruida sin  poder echar hacia adelante sus proyectos.

Sostuvo que en el país existen leyes preciosas pero que no se cumplen y que los primeros que las violan son algunos funcionarios, porque cuando son designados en una función   se creen que tiene un feudo. “La mayoría de esos funcionarios se creen dioses”.

Dijo que su caso cae como anillo al dedo al presidente de la Suprema Corte de Justicia, cuando en su discurso el día del Poder Judicial habló de transparencia y de limpiar el Poder Judicial.

“Yo tengo todo mis documentos que sustentan la denuncia de la composición de la red mafiosa que ha intentado despojarme de mis propiedades”.

Explicó que su proceso empezó cuando un señor le notificó un pagaré notarial de una inexistente deuda de 476 mil dólares y que a partir de ahí empezó el viacrucis que a la fecha no ha sido resuelto por los tribunales.

Explica que a sus propiedades les fueron inscritas hipotecas inmobiliarias con un expediente que nunca fue recibido, sin cumplir con los requerimientos  de las leyes inmobiliarias (Código Civil, Ley de Notario y la Constitución de la República).

Precisa que la Registradora de Títulos en La Vega en ese momento, en una franca violación al Reglamento General de Registro de Títulos, y a la Ley 108-05, de Registro Inmobiliario de forma abusiva y atropellante   consintió un  expediente que debió ser denunciado a sus superiores por ser un expediente completamente viciado.

Indica que fruto de la situación ha tenido que impulsar procesos civiles, penales e inmobiliarios pero que la falta de seguridad jurídica en el país lo tiene en una situación de que todos sus proyectos inmobiliarios estén paralizados.

Indicó que en la jurisdicción inmobiliaria del Poder Judicial  están inscritos unos gravámenes  e hipotecas en 41 inmuebles sin ningún soporte jurídico o ninguno de los requisitos que exigen la jurisdicción inmobiliaria para la inscripción de ese expediente.