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  • Por: Francisco Javier Mena
  • martes 14 abril, 2020

MP apodera Fiscalía de investigación del escándalo de corrupción en el INAIPI

En el escándalo de corrupción, que envuelve unos 100 millones de pesos, estarían implicados la renunciante directora de Inaipi, Berlinesa Franco, Juan López, subdirector general y otros 5 ex funcionarios.

SANTO DOMINGO, RD.- El procurador general de la República, Jean Rodríguez, apoderó este martes a la Fiscalía del Distrito Nacional y a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), de la investigación concerniente a las presuntas irregularidades que se habrían cometido durante un proceso de licitación realizado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (INAIPI).

Rodríguez remitió una comunicación dirigida a las titulares de la Fiscalía del Distrito Nacional y la PEPCA, Rosalba Ramos y Laura Guerrero, respectivamente, junto a la cual hace entrega de los documentos de dicho proceso a los fines de que los mismos sean revisados a la brevedad posible.

En el escándalo de corrupción, que envuelve unos 100 millones de pesos, estarían implicados la renunciante directora de Inaipi, Berlinesa Franco, Juan López, subdirector general de Gestión Institucional; Ramona Hernández, directora administrativa y financiera; Alberto José Patxol, director Planificación y Desarrollo; Stefany Severino Cuello, encargada del Departamento Jurídico, Clementina López, responsable de Acceso a la Información Pública, Ricardo Guzmán, director de Operaciones, y Mayra Martínez, directora de Compras.

A esos funcionarios se les acusa de cometer irregularidades en el proceso de compra de 40 mil kits de alimentos para familias vulnerables.

“Se cometieron violaciones a los procedimientos de la Ley de Compras y Contrataciones”, afirmó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Espinal, cuando explotó el escandalo hace una semana.

Agregó que se permitió la entrega de mercancías por parte de proveedores al margen del proceso de compra sin documentaciones que respaldaran la compra, por lo que el Estado se ve imposibilitado de hacer los pagos a los mismos, “pues se hizo al margen de la ley”.

Explicó que se constató que se estableció un precio fijo por encima de los del mercado, lo cual dijo “es inaceptable”.

Respecto a la investigación ordenada este martes por el Ministerio Público, el procurador general pidió la remisión de informes regulares a su despacho sobre las diligencias de investigación realizadas y el resultado final de las mismas, según se informó a través de un comunicado de prensa divulgado por la Procuraduría General de la República.

La información destaca que durante el proceso investigativo tanto los miembros del Ministerio Público asignados al caso como el personal de apoyo deberán tomar las medidas de prevención adoptadas por la Procuraduría General de la República a raíz de la epidemia del COVID-19.

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