Por efectos del Covid-19, el presidente de la República ha solicitado al Congreso Nacional una prórroga del Estado de Emergencia por 25 días, lo cual lo extendería, co­mo modalidad del Estado de Excepción, hasta el 25 de mayo.

Sin embargo, esta solici­tud de prórroga suscita la inquietud sobre cómo po­dría determinarse el mo­mento preciso, adecuado, para reabrir el país y vol­ver al diario discurrir.

Aunque sobre ese parti­cular no existe todavía, a nivel global, una respues­ta definitiva, resulta in­controvertible, sin embar­go, que la reactivación de la actividad económica y social de cada país depen­derá del nivel de propa­gación que el coronavirus haya alcanzado.

Esa perspectiva, por su­puesto, sólo se obtiene a partir de la aplicación de un programa masivo de las pruebas de diagnósti­co Covid-19, que es lo que permite establecer el perfil epidemiológico de una so­ciedad.

A partir de la determi­nación de ese ese perfil epidemiológico es que se pueden diseñar y aplicar las medidas que contri­buirán a la contención de la propagación del virus; y, por consiguiente, a preser­var vidas en un país.

Lamentablemente, en el caso dominicano ha ha­bido incomprensión por parte de las autoridades gubernamentales acerca de la relevancia de las re­feridas pruebas de diag­nóstico, por lo que su aplicación no solo ha re­sultado un proceso com­plejo y enigmático, sino hasta misterioso.

En una reciente alocu­ción presidencial, efectua­da el 17 de abril, se anun­ciaba al país que habíamos alcanzado la cifra de 40 mil pruebas de diagnós­tico. Además, de que te­níamos un promedio de aplicación de mil pruebas diarias, lo cual sería am­pliado en breve a dos mil cada día.

Ese planteamiento del gobierno dominicano pro­dujo una paradoja. Por un lado, provocaba satisfac­ción saber que desde el máximo nivel gubernamen­tal finalmente se le conce­día importancia al tema de las pruebas, hasta el punto de anunciar un avance sig­nificativo en la cantidad a ser aplicada.

Por otro lado, sin embar­go, resultaba confuso con­ciliar las cifras ofrecidas, de 40 mil pruebas, con las re­portadas hasta ese momen­to por el Ministerio de Sa­lud Pública, en su boletín 29, que las situaba en tan solo 13 mil 282.

El calvario de las pruebas

Desde que se detectó la pre­sencia de coronavirus en el país, en adición al confi­namiento de la población, la otra medida que sin de­mora debió haber aplicado el gobierno fue la de reali­zar, en forma generalizada, pruebas de diagnóstico.

No lo hizo así. El gobier­no, primero, estableció límites respecto de quien po­día acceder a esas pruebas; y segundo, elaboró unos procedimientos burocráti­cos tan rígidos que conver­tían en una verdadera an­gustia, en un suplicio, el lograr su realización.

De esa manera, la idea de la aplicación ágil, masi­va y gratuita de las pruebas de diagnóstico se convir­tió en una gran frustración nacional. En principio, es­tuvieron destinadas única­mente a un segmento de la población, pues sólo podían acudir a su realización per­sonas de 59 años en adelan­te, con dos o más síntomas de la infección; y aun así, se requería previamente la in­dicación de un médico in­ternista, neumólogo o in­fectòlogo.

Fue con posterioridad que se concedió autoriza­ción a cualquier profesional médico, que siguiese el pro­tocolo de indicación, ejecu­tar la prueba de laboratorio para detectar el Covid-19. Pero en los orígenes de la pandemia estuvo restringi­do a los especialistas previa­mente indicados.

Conforme a las instruc­ciones oficiales, lo que nor­malmente se hace para rea­lizar las pruebas consiste en marcar una llamada telefó­nica a un número indicado. Ahí responde una grabado­ra que remite, a su vez, a otra operadora.

La nueva línea, sin em­bargo, normalmente se en­cuentra ocupada, o sim­plemente se cae. Pero en el caso excepcional de que se logre la comunicación, las instrucciones que se ofre­cen son tan complicadas que los usuarios se ven des­ilusionados al no poder sa­tisfacer su petición.

Los que finalmente lo­gran vencer todas las barre­ras, recibían en los inicios de la propagación del virus una prueba de PCR, que du­ra entre dos y tres horas, y consiste en una técnica de diagnóstico para detectar los ácidos nucleicos de los microorganismos, así como la secuencia del genoma en el coronavirus.

Con posterioridad, pa­ra acelerar la realización de las pruebas, en adición a las de PCR, se introdujeron las llamadas pruebas rápidas, las cuales solo toman en­tre 10 y 15 minutos para su realización. Estas consisten en un análisis de sangre que indica si una persona ha si­do infectada y si ha desarro­llado anticuerpos frente al coronavirus.

Pero, en principio, hubo restricciones hasta con res­pecto a los laboratorios clí­nicos que podían aplicar las pruebas. Inicialmente había una concentración, casi to­tal, del Laboratorio Nacio­nal Doctor Fernando A. De­fillò.

Luego se integraron los de Amadita y Referencia; y no fue sino después de in­tensos reclamos, que se au­torizó la incorporación de otros provenientes del sec­tor privado.

En fin, la reacción inicial del gobierno para contener la propagación del corona­virus fue desacertada. No logró comprenderse a tiem­po la importancia de las pruebas como acumulación de la data o información ne­cesaria para trazar las polí­ticas de contención de pro­pagación de la pandemia.

Una clara manipulación

Ahora, al anunciar la cifra de 40 mil pruebas realiza­das, el gobierno ha querido transmitir la impresión de que siempre tuvo una clara visión acerca de la relevan­cia de las pruebas de diag­nóstico como mecanismo para elaborar su estrategia en contra de la expansión del coronavirus.

Pero no es cierto que tu­viera visión alguna. Resul­ta difícil conciliar la cifra de las inventadas 40 mil prue­bas con las informadas en el boletín 29 por el ministro de Salud, en el que se infor­maba que se habían efec­tuado sólo 13 mil 282.

De esa última cantidad de pruebas realizadas, se deduce que nuestro pro­medio diario no era de mil pruebas, como olímpica­mente señaló el jefe del Eje­cutivo, sino tan sólo de 308. ¿Cómo se deduce eso?

Simple: de la cantidad total de pruebas realizadas (13mil 282), divididas en­tre los 43 días transcurridos al momento de la referida alocución presidencial.

Ante la confusión genera­lizada, varios voceros guber­namentales procedieron a aclarar que las 40 mil prue­bas realizadas se debían a la combinación de las PCR y las pruebas rápidas.

Lo que no aclararon esos voceros, sin embargo, es por qué no se incluye la canti­dad de esas pruebas rápidas en los boletines oficiales, ni tampoco se informa con res­pecto a sus resultados.

La desmesura alcanzó su clímax el pasado jueves, cuando el ministro de Sa­lud, al querer despejar la confusión respecto de las ci­fras oficiales sobre las prue­bas, la ahondó aún más.

En esa ocasión afirmó que en el país ya se habían realizado 43 mil pruebas rá­pidas. En el boletín 35, que daba a conocer al público, sólo constaban, sin embar­go, 19 mil 280 pruebas PCR.

¿Qué ocurrió? ¿Por qué tan­ta incongruencia y desinfor­mación? ¿Por qué tanto miste­rio con unas pruebas que bien se sabe no se han realizado?

Así no se puede conti­nuar. La sociedad domini­cana no desea que, por fal­ta de pruebas, y por ende de estrategia de contención del Covid-19, el Estado de Emergencia se prolongue por tiempo indefinido.