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7 de Julio, 2020
Por:  - lunes 27 abril, 2020

Expresidente Leonel Fernández denuncia gobierno manipula a la población con respecto a pruebas COVID-19

SANTO DOMINGO,- El expresidente Leonel Fernández acusó al gobierno de incurrir en una clara manipulación, al anunciar que había aplicado 40 mil pruebas del COVID-19 cosa que no se corresponde con la realidad.

Fernández Reyna denunció que el gobierno ha querido transmitir la impresión de que siempre tuvo una clara visión acerca de la relevan­cia de las pruebas de diag­nóstico como mecanismo para elaborar su estrategia en contra de la expansión del coronavirus.

En un articulo publicado en el periodico Listín Diario, titulado “el misterio de las pruebas de COVID-19, Fernández explica que por efectos del Covid-19, el presidente de la República ha solicitado al Congreso Nacional una prórroga del Estado de Emergencia por 25 días, lo cual lo extendería, co­mo modalidad del Estado de Excepción, hasta el 25 de mayo.

“Sin embargo, esta solici­tud de prórroga suscita la inquietud sobre cómo po­dría determinarse el mo­mento preciso, adecuado, para reabrir el país y vol­ver al diario discurrir“, dijo el presidente del Partido Fuerza del Pueblo.

Se cuestiona que ¿Por qué tan­ta incongruencia y desinfor­mación? ¿Por qué tanto miste­rio con unas pruebas que bien se sabe no se han realizado?.

Fernández finaliza su artículo advirtiendo que así no se puede conti­nuar. La sociedad domini­cana no desea que por fal­ta de pruebas y por ende de estrategia de contención del Covid-19, el Estado de Emergencia se prolongue por tiempo indefinido.

 

A continuación una reproducción del artículo del mandatario:

Observatorio Global

El misterio de las pruebas de Covid-19

Leonel Fernández
Santo Domingo, RD

 Por efectos del Covid-19, el presidente de la República ha solicitado al Congreso Nacional una prórroga del Estado de Emergencia por 25 días, lo cual lo extendería, co­mo modalidad del Estado de Excepción, hasta el 25 de mayo.

Sin embargo, esta solici­tud de prórroga suscita la inquietud sobre cómo po­dría determinarse el mo­mento preciso, adecuado, para reabrir el país y vol­ver al diario discurrir.

Aunque sobre ese parti­cular no existe todavía, a nivel global, una respues­ta definitiva, resulta in­controvertible, sin embar­go, que la reactivación de la actividad económica y social de cada país depen­derá del nivel de propa­gación que el coronavirus haya alcanzado.

Esa perspectiva, por su­puesto, sólo se obtiene a partir de la aplicación de un programa masivo de las pruebas de diagnósti­co Covid-19, que es lo que permite establecer el perfil epidemiológico de una so­ciedad.

A partir de la determi­nación de ese ese perfil epidemiológico es que se pueden diseñar y aplicar las medidas que contri­buirán a la contención de la propagación del virus; y, por consiguiente, a preser­var vidas en un país.

Lamentablemente, en el caso dominicano ha ha­bido incomprensión por parte de las autoridades gubernamentales acerca de la relevancia de las re­feridas pruebas de diag­nóstico, por lo que su aplicación no solo ha re­sultado un proceso com­plejo y enigmático, sino hasta misterioso.

En una reciente alocu­ción presidencial, efectua­da el 17 de abril, se anun­ciaba al país que habíamos alcanzado la cifra de 40 mil pruebas de diagnós­tico. Además, de que te­níamos un promedio de aplicación de mil pruebas diarias, lo cual sería am­pliado en breve a dos mil cada día.

Ese planteamiento del gobierno dominicano pro­dujo una paradoja. Por un lado, provocaba satisfac­ción saber que desde el máximo nivel gubernamen­tal finalmente se le conce­día importancia al tema de las pruebas, hasta el punto de anunciar un avance sig­nificativo en la cantidad a ser aplicada.

Por otro lado, sin embar­go, resultaba confuso con­ciliar las cifras ofrecidas, de 40 mil pruebas, con las re­portadas hasta ese momen­to por el Ministerio de Sa­lud Pública, en su boletín 29, que las situaba en tan solo 13 mil 282.

El calvario de las pruebas

Desde que se detectó la pre­sencia de coronavirus en el país, en adición al confi­namiento de la población, la otra medida que sin de­mora debió haber aplicado el gobierno fue la de reali­zar, en forma generalizada, pruebas de diagnóstico.

No lo hizo así. El gobier­no, primero, estableció límites respecto de quien po­día acceder a esas pruebas; y segundo, elaboró unos procedimientos burocráti­cos tan rígidos que conver­tían en una verdadera an­gustia, en un suplicio, el lograr su realización.

De esa manera, la idea de la aplicación ágil, masi­va y gratuita de las pruebas de diagnóstico se convir­tió en una gran frustración nacional. En principio, es­tuvieron destinadas única­mente a un segmento de la población, pues sólo podían acudir a su realización per­sonas de 59 años en adelan­te, con dos o más síntomas de la infección; y aun así, se requería previamente la in­dicación de un médico in­ternista, neumólogo o in­fectòlogo.

Fue con posterioridad que se concedió autoriza­ción a cualquier profesional médico, que siguiese el pro­tocolo de indicación, ejecu­tar la prueba de laboratorio para detectar el Covid-19. Pero en los orígenes de la pandemia estuvo restringi­do a los especialistas previa­mente indicados.

Conforme a las instruc­ciones oficiales, lo que nor­malmente se hace para rea­lizar las pruebas consiste en marcar una llamada telefó­nica a un número indicado. Ahí responde una grabado­ra que remite, a su vez, a otra operadora.

La nueva línea, sin em­bargo, normalmente se en­cuentra ocupada, o sim­plemente se cae. Pero en el caso excepcional de que se logre la comunicación, las instrucciones que se ofre­cen son tan complicadas que los usuarios se ven des­ilusionados al no poder sa­tisfacer su petición.

Los que finalmente lo­gran vencer todas las barre­ras, recibían en los inicios de la propagación del virus una prueba de PCR, que du­ra entre dos y tres horas, y consiste en una técnica de diagnóstico para detectar los ácidos nucleicos de los microorganismos, así como la secuencia del genoma en el coronavirus.

Con posterioridad, pa­ra acelerar la realización de las pruebas, en adición a las de PCR, se introdujeron las llamadas pruebas rápidas, las cuales solo toman en­tre 10 y 15 minutos para su realización. Estas consisten en un análisis de sangre que indica si una persona ha si­do infectada y si ha desarro­llado anticuerpos frente al coronavirus.

Pero, en principio, hubo restricciones hasta con res­pecto a los laboratorios clí­nicos que podían aplicar las pruebas. Inicialmente había una concentración, casi to­tal, del Laboratorio Nacio­nal Doctor Fernando A. De­fillò.

Luego se integraron los de Amadita y Referencia; y no fue sino después de in­tensos reclamos, que se au­torizó la incorporación de otros provenientes del sec­tor privado.

En fin, la reacción inicial del gobierno para contener la propagación del corona­virus fue desacertada. No logró comprenderse a tiem­po la importancia de las pruebas como acumulación de la data o información ne­cesaria para trazar las polí­ticas de contención de pro­pagación de la pandemia.

Una clara manipulación

Ahora, al anunciar la cifra de 40 mil pruebas realiza­das, el gobierno ha querido transmitir la impresión de que siempre tuvo una clara visión acerca de la relevan­cia de las pruebas de diag­nóstico como mecanismo para elaborar su estrategia en contra de la expansión del coronavirus.

Pero no es cierto que tu­viera visión alguna. Resul­ta difícil conciliar la cifra de las inventadas 40 mil prue­bas con las informadas en el boletín 29 por el ministro de Salud, en el que se infor­maba que se habían efec­tuado sólo 13 mil 282.

De esa última cantidad de pruebas realizadas, se deduce que nuestro pro­medio diario no era de mil pruebas, como olímpica­mente señaló el jefe del Eje­cutivo, sino tan sólo de 308. ¿Cómo se deduce eso?

Simple: de la cantidad total de pruebas realizadas (13mil 282), divididas en­tre los 43 días transcurridos al momento de la referida alocución presidencial.

Ante la confusión genera­lizada, varios voceros guber­namentales procedieron a aclarar que las 40 mil prue­bas realizadas se debían a la combinación de las PCR y las pruebas rápidas.

Lo que no aclararon esos voceros, sin embargo, es por qué no se incluye la canti­dad de esas pruebas rápidas en los boletines oficiales, ni tampoco se informa con res­pecto a sus resultados.

La desmesura alcanzó su clímax el pasado jueves, cuando el ministro de Sa­lud, al querer despejar la confusión respecto de las ci­fras oficiales sobre las prue­bas, la ahondó aún más.

En esa ocasión afirmó que en el país ya se habían realizado 43 mil pruebas rá­pidas. En el boletín 35, que daba a conocer al público, sólo constaban, sin embar­go, 19 mil 280 pruebas PCR.

¿Qué ocurrió? ¿Por qué tan­ta incongruencia y desinfor­mación? ¿Por qué tanto miste­rio con unas pruebas que bien se sabe no se han realizado?

Así no se puede conti­nuar. La sociedad domini­cana no desea que, por fal­ta de pruebas, y por ende de estrategia de contención del Covid-19, el Estado de Emergencia se prolongue por tiempo indefinido.