Republica Dominicana. Los escándalos de corrupción que recientemente se destaparon en medio del Estado de Emergencia y próximo al proceso electoral, por presunta sobrevaluación en las compras realizadas por varias instituciones del gobierno, son solo una muestra minúscula del nivel de deterioro de la institucionalidad y de la debilidad del sistema judicial de nuestro país.
La corrupción y la impunidad pululan en los estamentos de poder y la justicia se ha convertido en una caricatura institucional que irrita a la clase media, pero que privilegia a empresarios y funcionarios públicos, que enrostran a la sociedad riquezas inmensurables que no soportan una auditoria visual.
Y efectivamente durante ese periodo excepción, en el Centro de Operaciones de Emergencia, el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, INAIPI, las Fuerzas Armadas, y en el Plan Social de la Presidencia, se anularon varios contratos de compra por denuncias de sobrevaluaciones en sus compras.
Pero como de costumbre, la mayoría de estas denuncias se perdieron en los archivos de la Procuraduría General de la República. Ministerio de Justicia que se ha caracterizado por utilizar los expedientes de menara selectiva y politiquera, lacerando gravemente en el aspecto moral, ético, económico, democrático e institucional, a la Nación Dominicana.
Varios estudios del mercado electoral dominicano revelan que la principal razón que provocó la derrota del Partido de la Liberación Dominicana, fue el hartazgo de la clase media de la corrupción y la impunidad.
Precisamente, Luis Abinader, presidente electo en las elecciones extraordinarias del pasado 5 de julio, se ganó el favor de este importante sector social, bajo la premisa de que enfrentará con energía, sin retaliación y sin politiquería, la corrupción.
La designación de la Doctora Milagros Ortiz Bosch, en la Comisión de Ética Gubernamental y de Carlos Pimentel, en Compras y Contrataciones, envía una buena señal.
Pero ya grupos de presión como Marcha Verte y Somos Pueblo, mayoritariamente compuesto por representantes de la clase media, advirtieron que “si en enero no hay presos, en enero marchamos”. Y le recordaron que esa fue su promesa de campaña, “trancar a los corruptos”.
El Liderazgo de Luis Abinader se pondrá a prueba a partir del 16 de agosto, cuando asuma la jefatura del Estado, pues no solo deberá enfrentar con firmeza la crisis sanitaria y económica, sino que esta compelido a confrontar la tara sempiterna que más daño a hecho a la República Dominicana.
La crisis institucional, que empieza por erradicar la corrupción y la impunidad.