Aclaración Grupo Abrisa a “detractores que intentan desacreditar aspectos técnicos y aeronáuticos” de Aeropuerto Bávaro

República Dominicana.-En su defensa al establecimiento del Aeropuerto Internacional de Bávaro, el Grupo Abrisa, que preside Abraham Hazoury, condena que se quiera estampar el proyecto con el estigma de la corrupción. “Un recurso propio de los que no tienen argumentos para rebatir con seriedad y responsabilidad”

De inmediato atribuye a síntomas de debilidad jurídica y carencia de fuerza probatoria, “pero eficaz para confundir voces y plumas que sí están impregnadas de una vocación sincera de rescatar valores y conductas que esta sociedad anhela”.

“Es penoso que personas con una trayectoria e integridad reconocidas, hayan sido sacrificadas en su honor y frente a sus familias por aquellos que han autorizado una irresponsable y vergonzosa denuncia de corrupción, carente de toda seriedad jurídica, con el único propósito de perpetuar su monopolio y privilegios a cualquier precio”.

A través de un comunicado público, firmado por , Abraham Hazoury, presidente del Gru­po y del Aeropuerto Internacional de Bávaro, considera “bochornoso que sea en la opinión interesada de un controlador controlado, que funge como supervisor del IDAC en el Aeropuerto de Punta Cana, que nuestros detractores intenten desacreditar los aspectos técnicos y aeronáuticos del proyecto, desmeritando el amplio y riguroso informe institucional favorable, preparado y firmado por el universo de todos los departamentos que integran el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), que tiene competencia sobre nuestro proyecto. En breves palabras, el supervisor del IDAC está al servicio del supervisado: el Aeropuerto de Punta Cana”.

Refiere también el comunicado que “se ha señalado que nuestro proyecto, por arte de magia, se concibió y aprobó en el período de transición. Otra fábula más”.

Esto, para explicar que sin contar con todo el trabajo realizado para la preparación previa de los documentos técnicos, financieros y legales de soporte, y la compra de los terrenos, que duró más de un año, a partir de la introducción formal del proyecto a las instituciones públicas competentes, el 31 de octubre del 2019 y, hasta que fue dictado el decreto de aprobación, el 21 de junio del 2020, transcurrieron casi nueve meses de evaluación y obtención de permisos y certificaciones.

Destaca entre los argumentos de defensa, que el presidente Danilo Medina tuvo la prudencia de exigir que todas las evaluaciones y autorizaciones que eran necesarias requerir previamente, fueran cumplidas antes de estampar su firma para aprobar un proyecto de iniciativa privada, sin fondos públicos, ni erogación económica de ningún género con cargo al Estado, “dentro del marco de su obligación constitucional, de propiciar la libertad de empresa, la libre competencia y la igualdad de oportunidades para todos los dominicanos”.

Sobre Aeropuerto Punta Cana

También explica que en su momento, el Aeropuerto de Punta Cana, que nació como un aeródromo, fue aprobado mediante un oficio dirigido a la empresa propietaria, suscrito por el entonces Sr. Presidente de la República, el 9 de noviembre del 1982, mediante el cual se otorgó su no objeción y los beneficios de la Ley No. 153 sobre Promoción de Incentivo Turístico.

“A partir de esa fecha, dicho aeródromo, luego convertido en Aeropuerto, se mantuvo en una suerte de limbo contractual, hasta que casi 18 años después, el 10 de julio del año 2000, suscribió su único contrato con el Estado Dominicano, representado por el Ing. Diandino Peña, casualmente también en el período de transición del gobierno del presidente Leonel Fernández al Ing. Hipólito Mejía. El presidente Mejía, apegado al principio de la continuidad jurídica del Estado, respetó y ejecutó ese contrato”.

Continúa diciendo el Grupo Abrisa en el comunicado “Como vemos, el Aeropuerto de Punta Cana nació premiado en cuna de oro, porque por efecto del citado oficio de no objeción de 1982, se le otorgó también los beneficios fiscales de la Ley 153 sobre Promoción e Incentivo Turístico, antecesora del CONFOTUR. Pero su queja pública y oposición a que nuestro aeropuerto recibiera los mismos beneficios, abanderada por SU ASONAHORES Y NO LA DE TODOS, nos da la excelente oportunidad de comparar privilegios, beneficios fiscales, regímenes de zonas francas especiales y pago de impuestos sobre la renta, entre otros”.

“El hoy Aeropuerto de Punta Cana se pasó cerca de 18 años, operando y sucesivamente cobrando a las líneas aéreas y a los pasajeros, con un certificado de nacimiento sustentado en un oficio de no objeción, y ahora resulta que la conformidad y no objeción unánime que otorgó institucionalmente la Comisión Aeroportuaria a nuestro proyecto, seguida de una rigurosa validación de la autoridad aeronáutica, de un decreto del Presidente de la República, y de un contrato formalizado en los mismos términos y condiciones que los demás aeropuertos privados, es un ilícito penal”.

En el comunicado, el primero de una serie de sucesivas aclaraciones y puntualizaciones, el Grupo Abrisa enfatiza que “el daño causado lo repara el que otorga el mandato, no el abogado que lo ejecuta”.