Inversor aeropuerto de Bávaro estaría implicado en negocios dudosos

Un controversial empresario-político español, naturalizado dominicano y ligado a los escándalos de corrupción del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la Junta de Andalucía (España), es una de las figuras claves en el controversial aeropuerto privado que se pretende construir en la zona de Bávaro, aprobado por el presidente Danilo Medina a unos pocos días de abandonar el poder.

Cruz Apestegui aparece como representante de la empresa promotora del Aeropuerto Internacional de Bávaro, que tiene como accionista principal a Abraham Hazoury, a su vez uno de los de los dueños del complejo turístico Cap Cana donde se financiaron instalaciones hoteleras con dinero proveniente de los fondos desviados de las ayudas de la Junta de Andalucía por vía de la mutua catalana Fortia Vida, de acuerdo a testimonio de imputados en los tribunales españoles.

En la presentación del Plan Maestro del Aeropuerto Internacional de Bávaro llevado ante el Consejo de Fomento Turístico para obtener exenciones impositivas por 15 años y que le fueron concedidas, Apestegui figura como representante.

En otra presentación con anterioridad del proyecto, ante la Comisión Aeroportuaria, Apestegui se identifica nuevamente como representante, esta vez al lado de Hazoury.

En un largo proceso judicial llevado en España y que apenas culminó en una primera fase en el otoño pasado, el empresario asentado en la República Dominicana fue señalado por uno de los imputados en el caso, Eduardo Pascual Arxé, ex presidente de Eurobank, como el principal accionista de Fortia Vida, una mutua catalana utilizada para ocultar fondos desviados de la Junta de Andalucía, sobre todo de un programa llamado Expediente de Regulación de Empleo, y de ahí ERE.

Supuestamente se daba ayuda a empresas en problemas y con personal al que falsamente otorgaban la jubilación adelantada. Parte de esos fondos desviados, que se asume se aproximan a los 700 millones de euros, fueron utilizados para el financiamiento del PSOE y para inversiones en el exterior, entre ellas dos hoteles en Cap Cana, siempre de acuerdo a las denuncias en los tribunales españoles.