Se trata de una de las banderas de batalla de López Obrador contra la corrupción y la impunidad, y uno de los compromisos incumplidos de los cien que enlistó en diciembre de 2018 cuando asumió la presidencia.
La idea del mandatario, incluso no compartida pero aceptada por miembros de su equipo de gobierno más cercano a él, como la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, es que en México no vuelvan a ocurrir casos de corrupción evidentes del Ejecutivo como en los gobiernos de Carlos Salinas de Gortaria, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin que nada legal los pudiera detener.
La víspera, con 420 votos a favor, de todas las bancadas, y tras una evidente negociación que involucró concesiones al Partido Revolucionario Institucional para que lograra liderar la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, según fuentes del hemiciclo, se aprobó la reforma de la Constitución, para acotar el fuero presidencial.
En el texto aprobado se pretende que el jefe del Ejecutivo sea considerado, para efectos de responsabilidad penal, como cualquier ciudadano que no tiene inmunidad ni protección alguna y que, ante una sentencia firme, pueda ser sujeto a juicio político por los senadores.
Esta es la cuarta ocasión que se aprueba y se envía al Senado tal reforma para su revisión el cual se la devolvió en tres ocasiones a los diputados pero, además, incluyó a los legisladores del Congreso de la Unión también como sujetos del mismo proceso de limitación del fuero, lo que trabó su aprobación.
