SANTO DOMINGO, RD.- Con un departamento de Prevención de la Corrupción reforzado con más de 20 fiscales, La Procuraduría General de la República aceleró este lunes el proceso de revisión de varios expedientes de presuntos actos ilícitos que sacó de la Fiscalía del Distrito Nacional, alegando que los casos habían sido remitidos a esa instancia de manera segmentada y sin criterio definido.
Wilson Camacho, designado este lunes como encargado interino del PEPCA, explicó que se hace el cotejo de los casos para determinar lo recibido y a qué altura está la investigación de cada uno de los expedientes.
Expresó que luego del cotejo de la información, se tomarán las decisiones sobre el curso a seguir en cada expediente.
En poder de la Procuraduría General están las denuncias de corrupción contra funcionarios del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) que dirigía Berlinesa Franco, la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA), que involucra a Manuel Rivas y Faustino Rosario, en el Consejo Estatal de Azúcar (CEA), encabezado por Pedro César Mota Pacheco y compartes y las acusaciones contra Ricardo Andrés Castillo Terrero por la supuesta violación a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos.
También, las presentadas contra Gonzalo Castillo y Helidosa Aviation Group por supuesto enriquecimiento ilícito y violación a la Ley 340 de compras y contrataciones públicas.