Cero injerencias en la escogencia de los miembros de la Junta Central Electoral

República Dominicana. Luego del papel lastimoso que jugó la Junta Central Electoral, en la administración del pasado proceso electoral, matizado por denuncias de fraude, colapso del sistema de votación electrónico en las elecciones municipales del pasado 16 de febrero, que provoco una crisis política y el total descrédito del organismo elector, el Senado de la República se apresta a elegir a los nuevos miembros de la institución.

Para tales fines, el Senado de la República formó una Comisión Especial, que se encargará de evaluar a los postulantes a miembros de la Junta Central Electoral.

Todavía no se había conformado la Comisión Especial y sus integrantes ya estaban recibiendo presión de la sociedad civil y de líderes políticos, para que elijan a los integrantes del organismo acorde a sus intereses particulares.

Eddy Olivares, exmienbro de la JCE, Román Jáquez,  actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE),  Salvador Ramos, ex funcionario de la (JCE) y el comunicador y abogado Ricardo Nieves,  son algunos de los nombres que han sido propuestos por partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.

Aunque la constitución otorga la prerrogativa al Senado de la República, para elegir los miembros de la entidad, lo cierto es que de manera directa o sutil, la comisión percibe la injerencia de los partidos políticos.

El Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) informó este domingo que esa organización no apoyará a Román Jáquez, para que presida el nuevo pleno de la Junta Central Electoral, alegando que el presidente del Tribunal Superior Electoral, manipuló resultados  para quitarle dos diputados a la organización morada y favorecer al PRM.

Una intromisión más sublime, las hicieron el presidente Luis Abinader y expresidente Leonel Fernández,  quienes abogaron por  personas totalmente independientes de los partidos políticos y de igual manera se manifestó Participación Ciudadana.

Este escenario de opiniones encontradas, controversiales y hasta amenazantes, llevo al presidente de la Comisión,  Ricardo de los Santos a advertir que “No vamos a aceptar injerencias de nadie, de ningún partido político, nosotros como comisión trabajaremos con responsabilidad, pero sobre todo con el mayor nivel de transparencia posible”.

La democracia consagra el derecho a la libertada de expresión y la libertad al ejercicio político, en consecuencia, todos los sectores tienen derecho a opinar, a proponer, incluso a presionar, pero no a imponer.

La constitución faculta al Senado a escoger los miembros de la Junta Central Electoral a través de un mecanismo establecido por la ley.

La injerencia, los acuerdos de aposento, los repartos, y otras inconsecuencias de nuestro sistema de partido, son taras del accionar políticos,  que han mancillado la institucionalidad democrática de nuestro país.

Pasivo institucional, que ha cercenado nuestra democracia, lo  que ha generado externalidades negativas como la corrupción, la impunidad, la desigualdad, la pobreza, la delincuencia, y un largo etcétera, de resultados no deseados causados por el desprecio y el irrespeto que tienen los políticos, a las instituciones democráticas.

Según la constitución hay tres poderes, Ejecutivo, Legislativo, y judicial, cada cual tiene sus cualidades y sus facultades, y no debe habar injerencia entre ellos, por eso existe la separación de los poderes.

A veces, cuando los políticos no hacen nada, hacen mucho, es momento de no hacer nada y dejar trabajar tranquilo al senado.

Especialmente el presidente Luis Abinader, como máximo líder político del país, no debió decir nada,  pues  al declarar que quiere una Junta Central Electoral Independiente, evocó una de las prácticas injerencistas, que dañan los procesos institucionales.

¡Y eso no está bien!