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República Dominicana.- Apenas 26,851 de los más de 117 mil dominican@s afectados por la Sentencia TC 168-13 han tenido solución a sus dificultades de acceso a documentación y nacionalidad. Este 23 de septiembre se cumplen siete años de la medida emitida por el Tribunal Constitucional que de forma arbitraria desnacionalizó a miles de dominican@s descendientes de migrantes.
La Plataforma Dominican@s por Derecho, cuyas organizaciones acompañan a la población dominicana de ascendencia haitiana en sus reclamos de justicia hace más de 30 años, urgen a las nuevas autoridades abrir nuevo capítulo democrático dejando atrás discriminación institucionalizada, construir puentes de comunicación para avanzar en la búsqueda de soluciones viables, duraderas y efectivas a la desnacionalización de dominicanos descendientes de migrantes.
“En 2020, los dominicanos y dominicanas hemos demostrado en cada plaza que el futuro pertenece al proyecto democrático, a la justicia y a la institucionalidad. A siete años de la sentencia 168-13, seguimos trabajando día a día por una República Dominicana de derechos, un Estado que no marque diferencia entre hermanos-as, que impulse a sus jóvenes por el camino del progreso, que abrace la dignidad de las familias”, explican en el documento de posicionamiento en el cada año pasan balance a los efectos de la apatridia y desnacionalización en República Dominicana.
Para el colectivo, la emergencia sanitaria por Covid-19 pone el tema sobre la mesa demostrando nueva vez la insuficiencia de la ley 169-14, adoptada por el Congreso Nacional en 2014, para contrarrestar las múltiples violaciones de derechos y problemáticas de orden social agravadas con la desnacionalización. Tras seis años de espera, solo a 750 personas del grupo no registrado les ha sido otorgada su nacionalidad dominicana por naturalización, por lo que indican es necesario el diseño de políticas públicas que contemple a este segmento.
Aseguran que las vulnerabilidades preexistentes en poblaciones bateyeras y urbano marginales en la que viven la mayoría de afectad@s hacen más dramática la situación, el bloqueo al registro civil y negación de la nacionalidad impiden el acceso a servicios públicos y a la asistencia social ya que la cédula de identidad y electoral es requisito para gestionar la incorporación como beneficiari@s a los programas oficiales.
El impacto de la desnacionalización trasciende el orden documental, el Estudio de los dominicanos descendientes de migrantes derivado de la 2da. Encuesta Nacional de Migrantes (ENI-2017) revela que la población dominicana descendiente de migrantes haitianos es la que tiene más dificultades para integrarse, su ingreso mensual promedio es menor a 15 mil pesos que adquieren en situaciones de desventaja laboral, trabajos informales y riesgosos. En el caso de las mujeres, el monto es menor a seis mil 500 pesos en su mayoría provenientes del trabajo doméstico.
La población dominicana de ascendencia haitiana no permanece inmóvil, este segmento tiene significativos aportes al desarrollo de nuestra nación, sus luchas por mejores condiciones de trabajo nos han beneficiado a todos/as, el resultado de su sudor es medible y cuantificable, fundamental para el sector azucarero, agropecuario, turístico, zona franca, y servicios, entre otros.
Finalmente las organizaciones muestran preocupación por el anuncio del reinicio de las deportaciones de personas migrantes “En este contexto tan desafiante para todos que amerita de otros enfoques en el proceso de recuperación colectiva”. Atendiendo a dolorosas experiencias pasadas, es imperante evitar las expulsiones de personas dominicanas en operativos militares, policiales y migratorios discrepantes de las leyes que traen desasosiego, limitan el derecho al libre tránsito de los ciudadan@s y exponen a las comunidades afrodescendientes a vivir bajo el peso de la violencia normalizada.
Sobre Dominican@s por Derecho
La Plataforma Dominican@s por Derecho está integrada por organizaciones de sociedad civil con una larga trayectoria de servicio en República Dominicana, pioneras en áreas como defensoría de derechos humanos, educación, salud, género, desarrollo sostenible, economía solidaria, investigación, incidencia política y litigio estratégico, cuya estructura y liderazgo suman más de 30 años de acompañamiento a la población dominicana de ascendencia haitiana en sus diversos procesos reivindicativos tanto por inclusión social como el desarrollo comunitario, mejores condiciones laborales, acceso al registro civil en igualdad de condiciones y la lucha por el derecho a la nacionalidad.
