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22 de Octubre, 2020
Por:  - miércoles 30 septiembre, 2020

Continúa desfile de expedientes de declaración jurada en CCRD pese a vencimiento de plazo

REPÚBLICA DOMINICANA.- En la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) continúa el desfile de funcionarios entrantes y salientes que depositan declaración jurada de patrimonio pese a que ya venció el plazo otorgado por ley.

Varios de los servidores públicos explicaron que las tardanzas se deben a inconvenientes para el depósito de los expedientes, ya que al presentarse a la entidad la lista de documentos no coincide con la que presentan en la página web de la institución.

El actual Subdirector Nacional de Bienes Nacionales, Carlos Pichardo, explicó que a pesar de que sometió el expediente dentro del plazo, le fue devuelto en dos ocasiones, porque no tenía todos los documentos requeridos.

“Yo entregué el expediente el mes pasado, pero ahora si deposito el completivo de las informaciones aparece como que mi presentación es tardía, por lo que habría que explicar esa situación para evitar confusiones”, expresó el funcionario.

La misma queja la expuso el regidor vocal de Distrito de San Francisco de Los Cocos, en Santiago de los Caballeros, Freddy Rodríguez, quien enfatizó en que vía telefónica y a través de la página web tienen un listado de los documentos requeridos y cuando acuden a la institución añaden otros, creando inconvenientes para la entrega a tiempo de la declaración de bienes.

“Yo pensaba que tenía todo y cuando llego me dicen todo lo contrario, esta situación me crea inconvenientes porque he tenido que dar varios viajes desde mi provincia hasta la capital, lo que se traduce en gastos extra”, explicó.

De acuerdo al presidente de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, Hugo Álvarez, cerca de 3 mil 200 funcionarios entrantes y salientes no presentaron declaración jurada de patrimonio dentro del plazo establecido por ley.

La institución anunció la aprobación del proceso de verificación, inspección y análisis de 50 de los expedientes de declaración de bienes depositados en la entidad, con el objetivo de identificar variaciones o movimientos desproporcionados, no justificados, en el patrimonio presentado por los servidores públicos.