|
Santo Domingo. A propósito del Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2021 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, de manera particular el Capítulo de la Internet Society de la República Dominicana ve con preocupación las medidas impositivas relacionadas con la oferta y demanda de servicios digitales, especialmente en momentos como el que estamos viviendo actualmente, cuyo principal aliado para paliar los efectos negativos de la pandemia han sido precisamente las tecnologías digitales.
La pandemia que ha afectado a la sociedad global desde marzo 2020, incluyendo la dominicana, con severas medidas de distanciamiento físico y social para prevenir el contagio y controlar la crisis sanitaria, han afectado el crecimiento económico, reduciendo la productividad de nuestras empresas, aumentando el desempleo, reduciendo las recaudaciones fiscales y en general constriñendo fuertemente la economía nacional. Esto ha provocado que los gobiernos, incluyendo el nuestro, activen mecanismos de alivio económico a través de subsidios o subvenciones para mitigar la crisis en sus respectivos países.
Simultáneamente, los sectores productivos han tenido que adoptar nuevas modalidades de trabajo, apoyados en las tecnologías digitales, para canalizar su oferta a través de plataformas digitales que operan sobre Internet, en las organizaciones más preparadas financiera y operativamente para su adopción. Esta oferta no se limita a la comercialización de bienes y servicios a través del comercio electrónico, sino la gestión misma de su fuerza laboral, acelerando el fenómeno del teletrabajo con un impacto cada vez más evidente en la productividad en general y específicamente en la educación, la salud, lo cual ha facilitado que la fuerza de trabajo continúe laborando de forma remota, acelerando también el desarrollo de capacidades, habilidades y competencias digitales.
Sin embargo, los diferentes estudios que se vienen realizando para analizar el emprendimiento, la productividad en nuestra sociedad demuestra que solo una baja proporción de las organizaciones establecidas en la República Dominicana cuentan con la suficiente capacidad financiera para prepararse en este nuevo ámbito de los servicios digitales. Asimismo, dado el retraso en la incorporación del desarrollo de competencias digitales en nuestro sistema educativo de nivel primario y secundario, una gran parte de los dominicanos y dominicanas no han desarrollado las competencias digitales para mantenerse productivos en esta época que demanda de este tipo de habilidades.
En efecto, la brecha digital, es decir las limitaciones en nuestra sociedad para acceder a internet, aprender habilidades, ofrecer servicios o ser productivos es cada vez más evidente cuando en la práctica resulta que no todos responden el llamado a continuar sus labores en el ámbito digital, a educarse de forma remota, a adquirir productos y servicios de la oferta de plataformas digitales por la ausencia de instrumentos financieros. Es muy retador lograr que reduzcamos esta brecha, si en lugar de hacer estos recursos más asequibles, son encarecidos por estrategias fiscales, que ven en el acceso a estos recursos, un gran potencial recaudatorio.
Cuando leemos las propuestas de políticas públicas digitales del recién electo gobierno, notamos un enfoque hacia la adopción de una agenda digital inclusiva, que promueve no solo la innovación sino la productividad. Pero al leer el proyecto de presupuesto 2021, en el que los servicios y plataformas digitales serían gravados para mejorar los recaudos, no tenemos más que plantar la palma de la mano en nuestra frente, incrédulos y aturdidos, por lo contradictorio de estos planes. Algunos estudios realizados por la Coalición Dominicana por una Internet Asequible (Harold, 2016; Mazara, 2016) reportaron en 2016 las graves restricciones de costos para acceder a internet por los sectores de menor nivel económico, y en especial los rurales, para reducir la brecha digital. El costo de los equipos y de los servicios de internet, son barreras que impactan en el ensanchamiento de esta brecha digital, que podrían ser importados a menor costo, pero los aranceles y/o impuestos lo impiden.
La transformación digital está motorizada por varios ejes vinculados al modelo de gobernanza de internet vigente desde la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información de 2003, compuesto por: infraestructuras, regulaciones, ciberseguridad, economía digital, cultura y sociedad, y derechos humanos. Siendo la infraestructura el fundamento de esta transformación, y estando altamente gravada por impuestos, tasas y aranceles no podemos esperar que la República Dominicana avance hacia esa anhelada e imprescindible transformación digital.
La Sociedad de Internet en la República Dominicana (ISOC-DO), vistas las metas establecidas en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado 2021, hace su llamado al gobierno dominicano, presentando las siguientes recomendaciones, para que tomen acciones concretas en el ámbito fiscal y estratégico para asegurar una verdadera transformación digital en nuestra sociedad:
-
Reducir o eliminar el arancel del 8% a la importación de dispositivos móviles;
-
Reducir o eliminar el impuesto selectivo al consumo de 10% a los servicios de telecomunicaciones;
-
Que las iniciativas impositivas a los servicios digitales, según lo establecido en los artículos 37 y 41 del referido proyecto de ley, no afecten a los consumidores de los servicios digitales y el comercio electrónico, especialmente la clase media, que cada día se hace más pobre.
-
Propiciar coherencia en la adopción de aranceles, gravámenes o iniciativas fiscales que vayan en contra del desarrollo digital y/o cierre de la brecha digital, para que las tecnologías digitales y sus beneficios brinden oportunidades a todos y todas.
|
