- Jueves, 26 de Diciembre, 2024
- Contactos
- Nosotros
- Términos y Condiciones
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) informó que esta semana será interrogada a la ministra de la juventud Kinsberly Taveras en torno a su declaración jurada de bines que asciende a más de 106 millones de pesos.
La información fue proporcionada el procurador, Wilson Camacho, quien dijo que la Pepca trabaja en la validación de las declaraciones juradas que fueron presentadas ante la Cámara de Cuentas por los funcionarios salientes y los entrantes y que investigarán las razones por las que algunos funcionarios no cumplieron la ley.
"Dentro de esos funcionarios esta el caso de la actual ministra de la juventud, Kinsberly Taveras, que es el caso sobre el que Doña Milagros Ortiz Bosch (Directora de Ética Gubernamental) solicitó que se agilicen las investigaciones. Nosotros desde que se realizó el programa de investigación de la periodista Nuria Pera, de oficio, iniciamos una investigación", explicó Wilson Camacho.
El encargado de perseguir la corrupción administrativa se limitó a no proporcionar los nombres de otros funcionarios que pudieran ser interrogados entorno a sus declaraciones juradas de bienes, pero dejó abierta la posibilidad de cualquier otro sea requerido.
El pasado viernes fueron interrogados por sus declaraciones juradas el asistente del expresidente Danilo Medina, Robert de la Cruz; el expresidente de la Cámara de Diputados, Radhamés Camacho, y el alcalde de Pedro Brand, Wilson Paniagua Encarnación, sin que trascendieran los detalles.
Este lunes, Wilson Camacho, también informó que apoderó a la Inspectoría General del Ministerio Público de una investigación a los fines de determinar las razones que propiciaron los archivos definitivos de ocho exfuncionarios que estaban siendo procesados por los 92 millones de dólares en sobornos que Odebrecht dijo haber pagado en el país. La iniciativa, se debe a que según investigaciones preliminares el archivo de los expedientes se hizo de manera irregular y en secreto por la pasada gestión de la Procuraduría General de la República.
