El proceso electoral que acaba de pasar en Bolivia, reiteró lo que había sucedido en las elecciones abortadas hace un año; con la diferencia de que, en aquella ocasión ese certamen estuvo desde un principio rodeado de opacidad por un quebrantamiento institucional.
La imposición por parte del presidente Evo Morales, de un referéndum para habilitarlo por un período más al frente del Estado, compactó la oposición; e hizo que algunos sectores favorables a su gobierno, disminuyeran sus simpatías hasta desentenderse con el apoyo que antes le habían prodigado.
Si se hubiera respetado la institucionalidad, el candidato del MAS, partido de Morales, se hubiera impuesto en primera vuelta y les hubiera ahorrado a los bolivianos toda la sangre derramada, además de los daños económicos que han tenido que sufrir en este lapso de tiempo.
El presidente Morales no podía esperar de parte de la Organización de Estados Americanos, encabezada por un Sr. Almagro, una actitud diferente, que no fuera respaldar las denuncias de fraude de la oposición, ya que existían indicios de eso en un triunfo muy débil como aquel.
La República Dominicana vive el mismo proceso de debilidad institucional, que viven muchos países latinoamericanos; vemos como funcionarios judiciales mienten a la sociedad, para favorecer partidarios gubernamentales; tal es el caso del archivo definitivo de los expedientes de los acusados del soborno de Odebrecht.
Sumemos a esto las declaraciones juradas de antiguos funcionarios y de los que vinieron a sustituirlos; en los primeros se distinguen las huellas del tráfico de influencias a través de todos los canales del Estado; por ejemplo, dirijo una institución que maneja un presupuesto, pero al mismo tiempo, mis relacionados son los contratistas de esta institución, o de las instituciones que dirijan mis amigos compañeros.
Los otros, los que llegaron a sustituir los primeros, si se observa con cuidado, encontraremos los vínculos amistosos y hasta familiares con los que salieron de esas instituciones. Y por último, en ambos bandos, nunca desdeñemos la influencia en sus capitales declarados del lavado del dinero ilícito del crimen internacional.
Estos pocos ejemplos bastan, para señalar nuestras debilidades. Es asombroso ver que una persona con poco tiempo trabajando, y viniendo de las capas más pobres de la sociedad, se atreva a declarar una fortuna de mil millones de pesos; cuando muchos dominicanos talentosos, han necesitado toda la vida para acercarse a capitales como estos.
Nunca nos liberaremos de la permisiva “debilidad institucional”, si no somos capaces de crear un verdadero régimen de consecuencias, que castigue ejemplarmente la violación a la institucionalidad, y persiga tenazmente el delito económico, sea este público o privado.
“Si queremos conocer los orígenes de los delitos económicos, sigamos el rastro del dinero.”