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1 de Diciembre, 2020
Por:  - miércoles 28 octubre, 2020

Abogados marchan en reclamo cumplimiento sentencia del TSA que ordena reabrir tribunales

Santo Domingo.- Cientos de abogados miembros del Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) marcharon este miércoles desde la puerta del Conde hasta el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva en reclamo de la reapertura de los tribunales en todo el territorio nacional.

Los juristas solicitaron al Consejo del Poder Judicial cumplir con la sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó la apertura inmediata de los tribunales, los cuales se encuentran cerrados en violación de varios artículos de la Constitución de la República.

El presidente del gremio que agrupa a los togados, Miguel Surún Hernández, advirtió que la lucha por la reapertura de los tribunales y en defensa de los derechos de los abogados y abogadas del país continuará y llegará hasta las últimas consecuencias.

Tampoco desmayaremos en exigir y hacer cumplir los derechos de los miles de usuarios del sistema judicial que no tienen acceso a una justicia rápida, oportuna, eficaz y  equitativa, como lo establece la Carta Magna.

Surún Hernández denunció que el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, actúa como un caudillo que vulnera la Constitución, las leyes y el mandato de un tribunal de la República, sin que se le aplique sanciones.

“Esto es un hecho sin presentes, donde un hombre le pasa por encima a la Constitución Dominicana y a todas las leyes, atentando contra la democracia del país”, enfatizó Surún.

El Presidente del CARD indicó que Luis Henry Molina es el responsable de la parálisis del sistema judicial  y está incurriendo en denegación de justicia, abuso de poder, coalición de funcionarios, violación de la Constitución, leyes y otros delitos, razón por la cual pedimos nuevamente su destitución como Presidente de la Suprema Corte de Justicia.

Recordó que ese organismo junto a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sometió al Consejo del Poder Judicial ante organismos internacionales por violar los derechos de los actores del sistema de justicia dominicano.