Este domingo juez Alejandro Vargas define suerte de exfuncionarios acusados de corrupción en gobiernos de Medina

REPÚBLICA DOMINICANA.- Este domingo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, conocerá la solicitud de medida de coerción a los implicados en el escándalo de corrupción contra el Estado, incluidos dos hermanos del expresidente Danilo Medina.

La directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, y el titular de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, representarán al Ministerio Público.

Este sábado, el titular de la Secretaría de Asuntos  Jurídicos del Partido de la Liberación Dominicana, José Dantés, aseguró que las defensas técnicas de los imputados apresados en la Operación Anti Pulpo, buscarán demostrar que en el caso no se requiere una imposición de la medida de coerción, como la prisión preventiva.

“No quiero pensar que sea una persecución al pasado gobierno, entiendo que cada quien es responsable de sus actos, con responsabilidades penales individuales y todo el que tiene que ser investigado que lo sea”, dijo el abogado del PLD en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Asimismo, Dantes denunció que no se respeta el debido proceso, ni se garantizan los derechos de los imputados, y reveló que el ex director del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), Fernando Rosa, tiene varios días con fiebre alta, sin recibir la debida atención médica o seguimiento a su condición de diabetes.

“Que se investigue, no hay problema, pero que se respete el debido proceso y a salud de los imputados”, expresó Dantés.

A solo horas de que se conozca medida de coerción a los 10 ex funcionarios y supuestos testaferros acusados de aprovechar sus vínculos con los gobiernos de Danilo Medina, para enriquecerse de manera ilícita, Ministerio Público arrestó a Wacal Vernavel Méndez Pineda, uno de los ejecutivos de las empresas utilizadas por Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del ex mandatario, en el supuesto entramado delictivo que le permitió beneficiarse con sumas millonarias, a través de una relación comercial con el Estado sustentada en sus vínculos con el poder político.

El documento acusatorio indica que la compañía Fuel American Inc. Dominicana hizo negocios con el Estado a través del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y la Policía Nacional.