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República Dominicana.-Con el expediente de corrupción de la denominada “Operación Anti Pulpo” ya en manos de la Justicia, otros expedientes de casos destacados durante el 2020, como son Odebrecht, narcotráfico y hasta la puesta en libertad de Marlin Martínez, pasan a un segundo plano.
Con el apresamiento de funcionarios peledeistas, incluyendo dos hermanos del ex presidente Danilo Medina, y supuestos testaferros, también quedan al margen los cambios en el Ministerio Público y la guerra entre abogados y el Poder Judicial por el cierre de tribunales a causa de la pandemia.
El más reciente escándalo de corrupción en el Gobierno, también saca del radar de la opinión pública la tragedia del 3 de octubre en Licey al Medio, donde la explosión de una planta de gas mató once personas y dos resultaron heridas, hecho por el cual cuatro ejecutivos de la envasadora de GLP fueron sometidos a la Justicia.
Como episodios trascendentales del ámbito judicial durante el 2020, es necesario recordar que comenzando el año, la Suprema Corte de Justicia renunció a su competencia y mandó a un tribunal menor a 5 de los 6 encausados en el caso Odebrecht, quedando solo en esa jurisdicción privilegiada el entonces senador Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana por San Cristóbal.
Derrotado en las elecciones del 5 de julio, el Galán de San Cristóbal pierde su inmunidad legislativa y más tarde la Suprema Corte remite su expediente a un tribunal ordinario.
En el trayecto, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación agregó un nuevo elemento al expediente, cuando reveló que República Dominicana aparece en un grupo de países enlistados por el Tesoro de Estados Unidos, en los cuales se registraron actividades sospechosas para financiar operaciones corruptas vinculadas a Odebrecht.
Con un expediente que ya pasa la fase de presentación de pruebas, las tres juezas que integran el primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidirán el futuro de seis implicados en un juicio que viene caminando al revés, desde la Suprema Corte hacia los tribunales ordinarios, revelando en cada audiencia interesantes detalles.
Antes de que la atención de la población girara hacia la operación “Anti-pulpo”, El segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años a Ernesto Bienvenido Guevara Díaz –Maconi-, uno de los principales socios de Quirino Ernesto Paulino Castillo, por traficar mil 570 kilos de cocaína en el buque Kaluba y, a 15 años el capitán del buque, Carlos Julio Cuesta Féliz, mientras otros socios de la aventura cogieron penas menores.
Con los abogados en las calles reclamando el retorno a las audiencias presenciales, el 29 de junio fiscales de La Vega desmantelan una alegada red de lavado de activos procedentes del narcotráfico, en la que incluyen una candidata a diputada del Partido Revolucionario Moderno por esa provincia.
El 12 de agosto, el Consejo del Poder Judicial destituye tres jueces por pactar sobornos y vender sentencias. Los cancelados son Manuel del Socorro Pérez y Saulo Isabel Díaz, de la corte de apelación de Santo Domingo, y Robert de Aza Batista, juez de la cámara civil de San Juan. Fueron acusados los dos primeros de pactar con los hermanos Rizik, implicados en casos de drogas y lavado y, el tercero habría recibido dinero para condenar a Edesur.
Ese mismo día y durante una audiencia en la Suprema Corte de Justicia, el dirigente del PRM Yamil Abreu, solicitado por Estados Unidos, debido a problemas de drogas, acepta su extradición y promete demostrar su inocencia.
En medio de cuestionamientos a un Ministerio Público que para muchos estuvo secuestrado por el Poder Político, llega el Gobierno del Cambio, y con el traspaso de mando la ex jueza Mirian Germán Brito asume como procuradora general de la República, en sustitución de Jean Alain Rodríguez, 18 meses después del episodio aquel del Consejo Nacional de la Magistratura.
Antes de que concluyera agosto, La procuradora general, Mirian Germán, despojó a la Fiscalía del Distrito Nacional de los casos de corrupción del pasado gobierno y asumió la investigación de los expedientes de Gonzalo Castillo, el INAIPI, el CEA y la OMSA, entre otros.
Como un aviso de lo que vendría más adelante, El Ministerio Público confirmó que tenía bajo estudio 326 expedientes de corrupción y elevó en septiembre de 6 a 25 los fiscales de la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa, en medio de intensos rumores sobre sometimientos judiciales a ex funcionarios danilistas, por alegado robo de recursos del Estado.
Otra señal de lo que estaba en camino la daban más adelante Carlos Pimentel, de Compras y Contrataciones Públicas, y Milagros Ortiz, de Ética e Integridad Gubernamental, quienes depositaron en la Procuraduría General de la República otro expediente contra Gonzalo Castillo, acusado de irregularidades en la contratación de suplidores para el suministro de asfalto.
En la medida en que avanza la investigación de la operación “Anti-pulpo”, más escandalosas son las revelaciones que hacen las autoridades sobre la alegada red mafiosa que funcionaba en la pasada administración, mientras hay quienes no descartan ver de nuevo en el banquillo de los acusados a un ex presiente de la República, sometido a la justicia por corrupción.
