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República Dominicana.-Lo que quizás no se había visto, a decir de hombres y mujeres empleados en el Instituto Técnico Superior Comunitario, se comenzó a experimentar desde la llegada del señor José Altagracia Sánchez, quien tuvo que renunciar a raíz de una lluvia de denuncias de acoso sexual que permeó los techos de la institución.
Lo que ha salido a relucir a partir de la renuncia del señor Sánchez a la rectoría del ITSC, “no es nuevo” y, muestra de ello son las vivencias que decidieron sacar a la luz, a través de programas televisivos, dos mujeres.
Las denuncias de acoso las corroboran empleados de la institución, que bajo anonimato y efectos en el rostro y la voz, “se la jugaron” y dejaron al descubierto, en entrevista con la periodista Addis Burgos, al señor José Altagracia Sánchez, de quien dicen cosas prácticamente impublicables.
También se han divulgado textos de mensajes enviados a través de WhasApp supuestamente por el señor Sánchez a mujeres, invitándolas a una cabaña, para pasar “un día feliz tomando un buen vino (…)”, a lo que una le responde que sabe de lugares donde se puede pasar un buen rato, que no necesariamente son cabañas.
Otros mensajes, a los cuales solo hacemos referencia, por lo vulgar del contenido, insinúan a mujeres que “siempre me ha gustado (…) no sé si será buena en la cama”.
Las denuncias de acoso sexual contra el exrector, a quien también identifican como "Besito", destaparon el avispero que se formó en el ITSC a la llegada del señor José Altagracia Sánchez, alrededor de quien estaban los “grupos” de familias empleadas en dicha institución, en muchos casos sin tener la capacitación y perfil requeridos para tales puestos.
Además de la familia Sánchez, también tiene su gran tajada en el pastel del Commuty College creado por el expresidente Leonel Fernández en sus gobiernos, los Ramírez, los Santos y familia Jiménez.
Todas las personas que con estos apellidos, que no al azar fueron designadas en el ITSC con salarios que oscilan desde 30 mil pesos (una maquillista), hasta 200 mil (una asesora docente), son familias directas y/o “allegadas” al señor rector que renunció atribuyendo a “francotiradores que están detrás de la cabeza nuestra” las denuncias de acoso sexual en su contra.
Además, el señor José Sánchez aspira a presidir el Partido Revolucionario Moderno en el municipio Santo Domingo Este y, para ello “obligaba” a empleados designados en cargos superiores y medios a formar equipos de trabajo para fortalecer su proyecto político.
En el reportaje dan sus testimonios empleados que dicen ser hostigados y humillados por los políticos que dirigen el ITSC.
La denuncia de actos de corrupción en el Instituto Superior Comunitario involucra a otro dirigente del PRM, quien sería la segunda persona que dirige ese presunto esquema de nepotismo en dicha academia, aunque no esté nombrado allí porque la ley se lo impide por ser regidor.
En el reportaje nombrado por Addis Burgos como "Festín de la nómina pública", se explica la influencia del regidor de Santo Domingo Este, José Ramón Jiménez, padre de la ministra de la Juventud, Luz del Alba Jiménez Ramírez, quien parecería ser una cuota del reparto familiar.
El regidor Jiménez tiene a su esposa Iris Ramírez, (madre de la ministra de la Juventud) nombrada en el ITSC como asesora de la rectoría y recursos humanos, con un salario de 200 mil pesos mensuales, y a su yerno Kelvin Fidel Méndez, pareja de la ministra, como encargado de compras, con un sueldo de 80 mil pesos mensuales.
También tiene a su cuñado como mayordomo, a su hijastra con una supuesta botella y a otros familiares identificados con nombres, salarios y cargos, en el trabajo periodístico.
Además de abultamiento de nómina, los empleados, familiares del renunciante rector, no están capacitados para los cargos que ostentan. De hecho el único esfuerzo que hacen es cobrar.
La historia continuará porque, a partir de las denuncias y revelaciones, la justicia independiente que promueve el Gobierno del Cambio, el mismo al que pertenece el señor José Altagracia Sánchez (Besito), habrá de iniciar las investigaciones, con las indagatorias que en algún momento podría depositar la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
Hay quienes dicen que la magnitud de caso amerita de la intervención inmediata del Gobierno central, que debe emplearse a fondo para evitar que otros “torpedos” le sigan explotando en los pies.
