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Domingo, 23 de Enero, 2022

VIDEO/Carlos Pimentel aclara Ley solo prevé sanciones administrativas a funcionarios contrataron artistas por RD$55.6 MM

República Dominicana-El director de Contrataciones Públicas aseguró que la Ley 340-06 no establece sanciones penales para el director del Gabinete de Coordinación de Políticas Sociales por la contratación  irregular de 54 artistas por 55.6 millones de pesos para las festividades navideñas pasadas.

Aunque en su informe remitido al Tribunal Superior Administrativo, la Dirección de Contrataciones Públicas recomienda sanciones judiciales para los funcionarios que incurrieron en esta ilegalidad, Carlos Pimentel declaró hoy que dichas violaciones solo conllevan amonestaciones administrativas.

“Hemos emitido esa resolución, y en los actuales momentos no tenemos información con relación a la decisión que la entidad debe de tomar y que están establecidas en esa resolución”, dijo el funcionario.

Ante el cuestionamiento de la prensa sobre el porqué la Dirección General de Contrataciones Públicas no atribuyó responsabilidad directa al titular de la institución, Francisco (Tony) Peña Guaba, Pimentel dijo que “la resolución tiene en sí misma todas las motivaciones, todas las violaciones y otras recomendaciones que no son solamente esas. No obstante, hay que decir… que la Ley 340 tiene limitaciones para nosotros poder abordar las violaciones y las inconductas vinculadas a las contrataciones”.

“Por esa razón y por otra estamos presentando un anteproyecto que permita fortalecer el sistema de sanciones y el sistema de consecuencia que debe primar en el sistema de contrataciones públicas”, agregó.

En su informe el órgano rector de las compras y contrataciones del Estado, señala que las contrataciones se hicieron sin utilizar el Portal Transaccional, en violación a los principios. Sin embargo, Pimentel insisten en que estas irregularidades no implican sometimiento judicial, ni para José Francisco Peña Guaba, ni los demás funcionarios implicados.

Entre las sanciones que la DGCP identificó en la resolución RIC-74-2021, emitida el 7 de abril, están la amonestación escrita, la suspensión sin goce de salario hasta por seis meses, el despido sin responsabilidad patronal o el sometimiento a la justicia.

A los fines de adoptar un marco regulatorio que fortalezca la transparencia, los controles y la eficiencia en la materia, la Dirección General Contrataciones Públicas presentó el anteproyecto para una nueva Ley de Contrataciones Públicas.

En el anteproyecto para modificar la ley vigente desde 2006, están la inclusión de sanciones penales contra conductas contrarias a la normativa.

“La Ley actual, con relación al régimen de sanciones, es limitada y es débil. Esta ley no tiene garras”, afirmó Pimentel.

“Necesitamos que la nueva normativa pueda fortalecer ese régimen de consecuencias de la perspectiva administrativa y de sanciones administraciones, y de la perspectiva también de sanciones de tipo penal, de manera que no solamente se puedan conocer las inconductas de los funcionarios, porque la actual ley, el enfoque que tiene es solamente hacia los funcionarios que cometen algún tipo de irregularidad, pero el sistema de consecuencia tiene que incluir a todos los actores que interactúan en el sistema de consecuencia: proveedores y funcionarios”, agregó.

El anteproyecto también busca incrementar el porcentaje del presupuesto reservado a contrataciones dirigidas al sector Mipymes y aumentar el monto del pago del anticipo en determinados casos.

El proyecto establece además, desde sanciones administrativas, como  inhabilitación de uno a cinco años o de manera permanente, así como penas de hasta 10 años de prisión para quienes incurran en violación a la misma.

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