Namphi Rodríguez insta Congreso retomar ley de extinción de dominio para recuperar recursos robados al Estado

República Dominicana. El abogado constitucionalista Namphi Rodríguez instó al Congreso a retomar una “vía rápida” para la aprobación del proyecto de ley sobre extinción de dominio que permita una pronta recuperación de los bienes sustraídos al Estado por la ola de corrupción que sacudió al país en el pasado gobierno.

Rodríguez vaticinó juicios penales de plazos largos y garantistas que no facilitarán la recuperación de la enorme cantidad de recursos implicados en los actuales procesos anticorrupción.

En ese sentido, saludó la iniciativa de Robert Thomas, encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos, de apoyar al gobierno del presidente Luis Abinader en el trazado de una agenda para retomar el Proyecto de Ley sobre Juicios de Extinción de Dominio de Bienes Ilícitos,

a fin de establecer el decomiso civil de patrimonios con orígenes ilícitos para reincorporarlos al erario sin que se tenga que agotar un proceso penal.

Recordó que a principios de 2020, la pieza legislativa fue dejada sobre la mesa por el gobierno de Danilo Medina luego de su sanción en dos lecturas por el Senado.

El jurista subrayó que la figura de la extinción de dominio se introdujo en la Constitución del 2010 en su artículo 51, numeral 6, que prescribe que “la ley establecerá el régimen de administración y disposición de bienes incautados y abandonados en los procesos penales y en los juicios de extinción de dominio…”

“Siendo de origen estadounidense, el instituto jurídico de la extinción de dominio ha sido seguido por países como México, que lo introdujo en su Constitución en el 2008, y Colombia con mucho éxito”, dijo.

Adujo que en el pasado, en República Dominicana las leyes 5785 y 5924, de 1962 permitieron la confiscación de los bienes de los bienes de la familia Trujillo mediante procedimientos civiles y penales.

“Sin embargo, el régimen procesal hoy día es distinto de aquella experiencia post-trujillista, puesto que se trata de un proceso que persigue bienes y no personas, mediante juicios civiles contra organizaciones criminales”, precisó

Rodríguez puso de relieve que dentro de los escollos que presentó el proyecto de ley que perimió en el Congreso estuvo el hecho de que se creaba una jurisdicción especializada para el tema, cuestión que dificulta su operatividad.

“La oportunidad que se presenta ahora es que el presidente Abinader pudiera coordinar los esfuerzos de la comisión de abogados para la recuperación de bienes públicos creada por decreto con una vía rápida en el Congreso para la aprobación de esta ley”, concluyó.