Justicia y Transparencia rechaza justificación de diputados con penas a corruptos en nuevo Código Penal

SANTO DOMINGO, RD.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), rechazó la justificación de los presidentes de la cámara de diputados y de su comisión de justicia, Alfredo Pacheco y Alexis Jiménez, sobre las penas contempladas en el recién aprobado proyecto de código penal para el crimen de la corrupción, previstas en su artículo 303, con penas máximas de 2 a 3 años de prisión.

Para la entidad de sociedad civil resulta un contrasentido, el que el actual y viejo código penal vigente, contempla penas de hasta diez años para la corrupción, en momentos donde el gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM), con el presidente Luis Abinader a la cabeza, viene dando notaciones de un compromiso en contra de la corrupción administrativa, con un ministerio público, actuando con independencia y varias iniciativas en curso, desde la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), Contrataciones Públicas y otras instancias del gobierno.

El presidente de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, lamentó la visión errada y alegada falta de orientación de los diputados Pacheco y Jiménez, al considerar que por el cúmulo de penas, en materia de corrupción y por los posibles delitos concurrentes, siempre habrá un castigo mayor a los tres años, pudiendo llegar a los 60 años como prevé el Código, desconociendo con ello que el cúmulo de penas tiene un alcance general, extensivo a todas las infracciones; en cuya lógica bastaría que todos los delitos sólo se castigarían con penas de dos a tres años.

Potentini explicó que hoy día la lucha contra la corrupción, trasciende la propia República Dominicana, con compromisos internacionales y convencionales; además de su raigambre constitucional, al proscribirla en los artículos 140 y siguientes.

La Fundación Justicia y Transparencia instó los diputados a corregir lo que califica como un error, contemplando penas de hasta 20 años por los delitos de corrupción, con la posibilidad de ser aumentadas por efectos del cúmulo de penas; además de desempolvar el proyecto de ley que ha perimido, unas 7 veces en la cámara de diputados, sobre la extinción de dominio, una herramienta efectiva para incautar y recuperar  bienes robados.