Chu denuncia que en Interior y Policía se cobraban sobornos en US$ para naturalizar inmigrantes

SANTO DOMINGO, RD.- El ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez Martínez –Chu-, denunció ante el Senado de la República que a su llegada a esa institución encontró múltiples irregularidades en diferentes departamentos, incluyendo el área de Naturalización, donde según dijo, inmigrantes que no calificaban para ser naturalizados fueron acreditados al margen de lo que establece la ley, pagando sobornos de hasta 45 mil dólares por persona.

Vásquez Martínez agregó que también encontró programas fantasmas, así como botellas en diferentes nóminas de ese ministerio.

“Debo ser claro en cuanto a la eliminación de botellas, aquí había personas que cobraban sin trabajar, las tenían en diferentes nóminas, en programas fantasmas, sin tener expediente alguno, unos supuestos becados, voceros y flautistas,  lo que significó un ahorro de más de 25 millones de pesos”, dijo el funcionario.

Sostuvo que en el viceministerio de Regulación de Armas y Municiones operaba una “mafia”,  lo que provocó que se cerrara definitivamente y se excluyeran de nómina a 51 empleados el año pasado.

“Le hemos dicho al país lo que había: una mafia de armas operando. Eso lo sabe todo el país, lo que operaba en el Departamento de Armas era una mafia estructurada de años y años”, enfatizó.

Indicó que para obtener una licencia de armas de fuego en la pasada gestión del PLD había que “pagar comisiones” y se “falsificaban documentos”.

“Todo eso está en manos de los abogados designados por el presidente para la investigación. Hemos dado respuestas contundentes”, dijo Chu Vásquez.

Explicó que la comisión de abogados designada por el presidente Abinader para la recuperación patrimonial de bienes del Estado, estudia el contrato de concesión que le fue otorgado a una empresa para la construcción y administración del Laboratorio Balístico que realiza la captura de las huellas balísticas de las armas de fuego del país.

Vásquez señaló que el expediente fue entregado a la comisión para que pueda verificar si la licencia del contrato no fue en perjuicio económico en contra del Estado dominicano, y de ser así, den inicio a todas las acciones legales en procura de terminar este contrato.

“Lo más grave de todo lo que encontramos al evaluar este contrato, es que información sensitiva del Estado dominicano y de la más íntima privacidad de los ciudadanos está en manos de una empresa y no bajo el control y supervisión del Estado”, manifestó Vásquez Martínez.