Dejan para el jueves conocimiento coerción contra Jean Alain y compartes

REPÚBLICA DOMINICANA.- El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el próximo jueves el conocimiento de medida de coerción contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez y otros siete acusados de estafar al Estado por más de 6 mil millones de pesos.

La jueza Kenya Romero acogió la solicitud de aplazamiento que hicieron los abogados debido a la magnitud del expediente que no han podido estudiar a profundidad.

“Sería una irresponsabilidad conocer un proceso que el Ministerio Público tiene siete meses investigando y nosotros lo vimos hace apenas horas, sería deshonesto”, expresó el abogado Cándido Simón, quien representa a la ex subdirectora administrativa de la Procuraduría, Altagracia Gillén.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, habló sobre Stefano Canó Sacco, quien se encuentra prófugo de la justicia involucrando en este caso, y dijo que se están haciendo contactos con organismos internacionales para que colaboren con la localización del imputado.

“Haremos lo que sea necesario para arrestar a las personas que están pendientes en este proceso y traerlas a conocer su proceso… nosotros hemos hecho contacto internacionalmente a fin de que asistan al Ministerio Público para arrestar a las personas que todavía no lo están”, dijo Camacho.

Hasta este Palacio de Justicia se trasladó un grupo pidiendo que el ex jefe del Ministerio Público sea enviado a Najayo debido que alegadamente en el año 2019 fue abierto un  expediente de manera irregular contra un hombre cuyo hijo de nueve años fue expulsado del colegio por recomendación de Jean Alain.

“Hace dos años mi niño todavía no puede inscribirse en el colegio y venimos aquí porque quienes se quedan callados son cómplices y nosotros queremos solucionar este problema y todo el daño que hizo este señor”, manifestó Jean Conelle.

De acuerdo a la acusación del órgano persecutor Rodríguez habría adquirido equipos especiales de contraespionaje, de forma irregular y con el supuesto fin de ser utilizados en labores de investigación de las fiscalías, pero según investigaciones eran utilizados en una de sus residencias vacacionales.

El expediente dice que crearon nóminas ficticias para distraer fondos del presupuesto de la Procuraduría, establecieron procesos fraudulentos de compras, recibieron dinero de soborno en bultos que eran llevados a la PGR, destruyeron evidencias en plena transición de Gobierno e incendiaron documentos institucionales. También refiere que adulteraron fecha y objetivo de comunicaciones para distraer, en beneficios personales, equipos que son propiedad de la Procuraduría.

Del mismo modo, en el expediente de casi 300 páginas se detalla que la Procuraduría sirvió como centro de campaña durante la candidatura de Gonzalo Castillo, donde además se envasaba y distribuía ron.

Sobre este caso el director de la Pepca, Wilson Camacho, había informó que entregaron 5,800 páginas de evidencia y cuentan con más de 40 testigos que confirman los hechos de los que se acusa a los involucrados, donde además hay temas de acoso sexual.