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  • Por: Francisco Javier Mena
  • martes 06 julio, 2021

Juzgado de Instrucción se reserva fallo de solicitud para variar coerción a vinculados Caso Pulpo

El magistrado Pablo Imbert dará veredicto el próximo viernes a la dos de la tarde.

SANTO DOMINGO, RD.- El magistrado Pablo Imbert, juez suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, se reservó para el próximo viernes el fallo de solicitud de variación a la medida de coerción a varios de los implicados en el Caso Pulpo que guardan prisión preventiva en la cárcel de Najayo.

Imbert, conoció este martes los alegatos de la defensa y los planteamientos del Ministerio Público sobre la solicitud de revisión de medida de coerción a los imputados Fernando Rosa, ex presidente del Fonper; Francisco Pagán Rodríguez, exdirector de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe); Aquiles Alejandro Christopher, ex director de Fiscalización de Obras de la Oisoe; Wacal Vernavel Méndez Pineda, Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, quienes cumplen prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres.

Igualmente, de Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Juan Alexis Medina Sánchez y del ex presidente Danilo Medina Sánchez, y Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, quienes cumplen arresto domiciliario.

No estuvieron en esta audiencia Juan Alexis Medina Sánchez, quien cumple prisión en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres; el ex contralor general de la República, Rafael Antonio Germosén, quien cumple arresto domiciliario, y Domingo Antonio Santiago, quien está sometido a presentación periódica.

De acuerdo con la acusación, con la Operación Anti Pulpo, el Ministerio Público desarticuló la red de corrupción sustentada en un entramado de compañías de carpeta controladas por Juan Alexis Medina Sánchez, a quien acusa de aprovechar su condición de hermano del entonces presidente Danilo Medina para establecer negocios con el Estado.

A los coimputados Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, entre otros delitos, se les atribuye incurrir en coalición de funcionarios desde sus pasadas funciones de director general y director de Fiscalización, respectivamente, de la Oisoe.

Además, Julián Estaban Suriel Suazo es acusado de prestar su nombre para servir de testaferro al principal acusado Juan Alexis Medina Sánchez.

El Ministerio Público acusa a Fernando Rosa Rosa de sobrevaluación en las obras realizadas durante su gestión al frente del Fonper.

Un comunicado del Ministerio Público dice que las investigaciones han permitido establecer que Carmen Magalys Medina Sánchez, en su condición de vicepresidenta administrativa del Fonper, maniobró para que su hermano Juan Alexis Medina Sánchez fuera beneficiado con la asignación de contratos para suplir bienes al Estado.

Wacal Vernabel Méndez Pineda fungía como el tesorero de todas las empresas que forman parte del referido entramado societario de Juan Alexis Medina Sánchez.

Se le atribuye enriquecimiento ilícito, así como incurrir en lavado de activos producto de sus vínculos con dicho entramado de corrupción.

En la gestión de Freddy Hidalgo, de acuerdo al expediente del caso, se malversaron en el Ministerio de Salud Pública al menos RD$236.9 millones en favor del entramado delictivo.

José Dolores Santana Carmona también es acusado de ser testaferro, al igual que el encartado Domingo Antonio Santiago Muñoz, a quien se le atribuye camuflar múltiples propiedades, empresas y transacciones millonarias de Juan Alexis Medina Sánchez.

El procurador adjunto Wilson Camacho resaltó que persisten las mismas condiciones para que los tribunales mantengan la prisión preventiva contra los imputados en el Caso Anti-Pulpo.

“No hay condiciones, ninguno de los imputados ha presentado ante el juez, ninguna razón suficiente como para que sean variadas las medidas de coerción que pesan sobre cada uno de los imputados en este caso. Nosotros esperamos el viernes, que la decisión sea el mantenimiento de cada una de las medidas de coerción”, explicó el titular de la Procuraduría Especializada en la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

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