Santo Domingo.- La Fundación Primero Justicia pidió a la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa investigar un contrato suscrito por el vicepresidente del Consejo Unificado de Administración de las Empresas Distribuidoras de Electricidad, Andrés Astacio y los abogados Miguel Valerio, Luis Julio y Ramón Emilio Núñez, en el que se prevé un pago de hasta tres mil millones de pesos por servicios prestados.
Segun explicó el presidente de la fundación, Miguel Surun Hernández, el monto corresponde al 6% de los 50, 000 millones de pesos que el equipo de abogado estima recuperar a favor del Estado. No obstante, Hernández asegura que se trata de una adjudicación fraudulenta hecha grado a grado y que beneficia a cinco oficinas de abogados vinculadas al anterior gobierno.
"Lo hemos sometido por estafa agravada contra el Estado Dominicano, prevaricación, asociación de malhechores y lavado de activos. Este contrato obliga, además, a EDESUR, EDENORTE y EDEESTE a pagar la friolenta suma de US$ 6, 915, 000 sin autorización del Consejo de Directores", indicó Surun Hernández.
Surum Hernández criticó que abogados que han sido contratados para perseguir delitos contra la Ley 340-06, sobre compras y contrataciones, se presten para suscribir un contrato que viola la misma legislación.
La Fundación que denuncia las irregularidades sostiene que la práctica de entregar contratos millonarios grado a grado está siendo impulsada por un ministro del gobierno que tiene aspiraciones presidenciales y que busca pagar favores políticos.