SANTO DOMINGO,R D.- El Gobierno Dominicano respondió este martes al informe publicado la víspera por el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre las limitaciones para las inversiones en el país, dando a conocer el más reciente reporte del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción, recopilado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks.
Según el reporte, La República Dominicana fue, por mucho, el país que más aumentó su puntuación en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), correspondiente al año 2021, en el que se examinan 14 variables clave relacionadas con las instituciones responsables de enfrentar la corrupción, las instituciones democráticas y la actitud de los medios de comunicación y la sociedad civil.
En RD “se realizaron investigaciones sobre antiguos funcionarios del gobierno acusados de corrupción”, explica el informe que por segunda vez incluye 15 países, en el que el primer lugar fue para Uruguay con puntuación de 7.80, y República Dominicana obtuvo un 4.38%, un avance importante (34.3%) sobre los 3.26 puntos que logró en el reporte del año 2020.
Dice el documento colgado en el portal de la Presidencia de la República, que lo más significativo es que República Dominicana mejoró su nota en un período en que cinco países experimentaron un descenso significativo.
Mientras el índice dominicano se incrementó, “la lucha contra la corrupción en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año”, dice el informe que destaca que la pandemia del COVID-19 llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades, dando espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales sin que se desencadenara la indignación popular, como ocurrió en años anteriores.
El Índice CCC tomo en cuenta la cantidad de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, y se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, el mundo académico, la sociedad civil, los medios y el sector privado.
Con puntación máxima de 10, el índice de la capacidad legal fue 4.21, de la democracia e instituciones políticas 4.11 y la sociedad civil y medios de comunicación 5.27.
El CCC se obtiene de evaluar la independencia y eficiencia judicial, independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, acceso a la información pública y transparencia del gobierno, independencia y recursos de la fiscalía general y los agentes de investigación, calidad de los instrumentos de delación premiada y nivel de cooperación internacional en materia de orden público.
Además, valorara la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas, procesos legislativos y de gobierno, calidad general de la democracia, movilización de la sociedad civil contra la corrupción, mejoras en la educación, calidad de la prensa y del periodismo de investigación y comunicaciones digitales y redes sociales.
El informe señala que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca, porque América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en lo económico como en el número de muertes. “Con gobiernos sometidos a una presión financiera cada vez mayor, y con los sistemas sanitarios de muchos países gravemente deteriorados, los efectos perniciosos que tiene la corrupción en la sociedad se han amplificado”, dice.
Publicado por primera vez en 2019, el índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Pero, en lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.
Los que producen el CCC Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) es el principal foro dedicado a la educación, al debate y al diálogo en las Américas.
Su misión es fomentar el entendimiento de los asuntos contemporáneos políticos, sociales y económicos que enfrentan América Latina, el Caribe y Canadá. Las conclusiones de este reporte no necesariamente reflejan los puntos de vista de AS/COA y sus miembros.
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