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SANTO DOMINGO, RD.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) solicitó una prórroga de cuatro meses al Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional para presentar la acusación contra Alexis Medina Sánchez y los demás imputados por corrupción y lavado de activos en el denominado Caso Pulpo.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Pepca, hizo la petición a través de una instancia dirigida al tribunal que preside el juez Amauri Martínez.
La Pepca plantea que hace la solicitud por diversas razones, incluyendo el hecho de que está a la espera de una investigación de la Cámara de Cuentas de República Dominicana (CCRD), que ya se encuentra en proceso, como le comunicó el pasado 29 de julio el presidente del órgano de control, Janel Andrés Ramírez Sánchez.
Recuerda que el Ministerio Público mantiene una investigación diligente y activa contra la alegada red de corrupción de la que, además de Medina Sánchez, formarían parte su hermana Carmen Magalys Medina Sánchez, así como Francisco Pagán Rodríguez, Lorenzo Wilfredo Hidalgo Núñez, Rafael Antonio Germosén Andújar, Fernando Rosa, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Domingo Antonio Santiago Muñoz, Julián Esteban Suriel Suazo, Wacal Vernavel Méndez Pineda y José Dolores Santana Carmona.
La instancia explica que “a medida que esta investigación avanza, la situación de los procesados se ve cada vez más grave y compleja, puesto que no solo están siendo investigados por los hechos iniciales presentados en la medida de coerción, sino que han surgido diversas líneas de investigación”, las cuales incluyen nuevas querellas y denuncias contra los encartados en el expediente surgido de la Operación Pulpo.
La Pepca ejecutó dicha operación junto a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, siguiendo la línea trazada por la gestión de la procuradora general Miriam German Brito contra la corrupción y la impunidad.
El Décimo Juzgado de la Instrucción, en funciones de Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó el pasado 8 de diciembre del 2020 las medidas de coerción contra los imputados en el caso y otorgó al Ministerio Público un plazo de ocho meses para presentar el acto conclusivo de la acusación.
