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  • Economía
  • Por: Bernardo Núñez
  • domingo 05 septiembre, 2021

Fundación Justicia y Transparencia advierte viola Constitución fideicomiso administrará Punta Catalina

Santo Domingo.-La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), advirtió este domingo que es inconstitucional el decreto que crea el Fideicomiso Público Central Termoeléctrica Punta Catalina (Fideicomiso CTPC).

El presidente de la institución, Trajano Vidal Potentini, adelantó que elevará un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto número 538-21, que crea el fideicomiso.

Explicó que el presidente Luis Abinader creo el fideicomiso amparado, paradójicamente, en la ley 189-11, que instituye el fideicomiso en la República Dominicana, para el Desarrollo del Mercado Hipotecario.

Lamentó que el presidente Abinader, de forma errónea, desarrolle por decreto una institución jurídica, que como tal, no existe en nuestro ordenamiento legislativo, (Fideicomiso Público), más bien solo aparece en una definición contenida en el decreto núm. 95-12, artículo 4 letra d, para la reglamentación de la ley 189-11, sin desarrollo alguno, además de estar desvinculado y descontextualizado de la referida ley, por no encontrar afinidad con las modalidades originalmente previstas.

Trajano Vidal Potentini manifestó que el fideicomiso esta fundamentalmente concebido para actividades de naturaleza privada, con una estructura flexible y fuera de los controles de transparencia y rendición de cuentas del estado, con un patrimonio autónomo, “con la agravante, de que para el caso ocurrente, estaríamos privatizando y enajenando un bien público, como lo sería la Central Termoeléctrica Punta Catalina, con un costo aún desconocido, pero muy superior a los 2 mil millones de dólares, afectando así, una función exclusiva del congreso, nunca por un decreto del ejecutivo”.

Vidal Potentini, recordó al ejecutivo, que la Constitución Dominicana, en su artículo 128, numeral 2, letra d, establece la obligatoriedad de contar con la aprobación del congreso, para la enajenación de cualquier patrimonio público, que supere los 200 salarios mininos, “en consecuencia, dictar un decreto, ejecutando en lo inmediato, la transferencia y entrega de Punta Catalina en manos privadas, sin pasar por el congreso previamente, constituye una violación a la Carta Magna”.

El fideicomiso creado por el decreto 538-21 tendría como objeto la administración por 30 años de Punta Catalina, por un comité técnico.

El Comité Técnico lo presidirá, de acuerdo al decreto 539-21, el exadministrador de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) Celso José Marranzini Pérez, y lo acompañarán José Luis Actis, Noel Báez Paredes, George Ángel Reinoso Núñez y John A. De Armas.

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