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Santo Domingo.- El exprocurador de la República y aspirante a la Presidencia de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, admitió que durante su gestión en el Ministerio Público no se arrestaron los hoy imputados en el Operación Falcón, porque era un investigación de la DEA y Estados Unidos.
Domínguez Brito dio la respuesta luego de ser cuestionado por el comunicador Holi Matos en el programa radial “ El Sol de la Mañana,” donde el dirigente político pidió al Partido Revolucionario Moderno decir la cantidad de dinero que recibieron del narcotráfico para la campaña pasada.
Además, señaló que la República Dominicana es una vergüenza, ya que está en el ojo del mundo por tener un narco-Estado.
Las investigaciones del Ministerio Público apuntan a que la red de narcotráfico operaba antes de 2012 y que existen evidencias de que a partir de 2017 incrementó sus operaciones. Entre República Dominicana y Puerto Rico se le decomisaron al menos 8,500 kilos de cocaína, lo que evidencia el clima de impunidad en el que desempeñaban sus operaciones delictivas, precisa la nota.
Según estimaciones de las autoridades nacionales e internacionales, los integrantes de la organización lavaron cuantiosas sumas de dinero dentro de una red delictiva en la que traficaron cientos de miles de kilos de drogas hacia Europa, Estados Unidos y Puerto Rico, movilizando más de 500 millones de dólares producto de esa actividad criminal.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público explicó que los presuntos involucrados en la red de narcotráfico desarticulada crearon una “poderosa estructura del crimen organizado, que ha operado de manera sistemática y bajo un esquema típico de las organizaciones criminales transnacionales, vinculado a mega operaciones de narcotráfico.
Los integrantes de la red adquirieron, producto del narcotráfico, cientos de propiedades, armas de fuego de guerra, estaciones de combustibles, inmuebles lujosos, fincas, vehículos de altas gamas, prendas, embarcaciones, dealers, discotecas, bancas de apuestas y empresas de entretenimiento.
También, financiaron campañas políticas apoyando de manera directa a legisladores.
La red criminal tenía su base de operación en la provincia Santiago con ramificaciones en la región este del país. Sus integrantes, según se ha determinado durante las indagatorias, portaban y traficaban armas de fuego de alto calibre, incluso solo permitidas para los organismos de seguridad del Estado.
Para el desmantelamiento de la red criminal, que traficó con toneladas de cocaína y que lavó al menos 10 mil millones de pesos, las autoridades dominicanas cuentan con la cooperación internacional, en especial con la Administración de Control de Drogas (DEA).
Los involucrados se dedicaban a lavar dinero como resultado y beneficio ilícito por movilizar grandes cargamentos de drogas provenientes desde Suramérica, en especial desde Colombia y Venezuela, hacia República Dominicana, con el fin de llevarlos al territorio continental de Estados Unidos de América, Puerto Rico y Europa, “utilizando lanchas rápidas, lanchas deportivas (doble fondo), barcos pesqueros y contenedores”.
