SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público presentó este viernes la acusación formal contra los implicados en el entramado societario de corrupción desmantelado mediante la operación Antipulpo.
La acusación fue depositada por ante la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, quien deberá apoderar a un juzgado de la instrucción para que conozca la solicitud de apertura a juicio presentada por el Ministerio Publico.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, reveló que unas 16 personas nuevas fueron incluidas en la acusación del caso de corrupción Operación Antipulpo.
Con estas 16 personas suman 27 los imputados del entramado de corrupción supuestamente liderado por Juan Alexis Medina Sánchez.
Camacho aseguró que en la acusación figuran personas del “exterior” y que son más de 3,500 páginas con pruebas contundentes sobre este caso de corrupción.
“Luego de una investigación amplia y compleja, hemos depositado acusación en nueve tomos, esta acusación tiene casi 3, 500 páginas que dan cuenta el arduo trabajo que ha realizado el Ministerio Público en esta investigación, razones que nos han traído a despistar la acusación en este momento”, precisó Camacho.
La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Yanibet Rivas, había intimado a la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, para que presentara acusación tras haberse vencido el plazo de cuatro meses otorgado al Ministerio Publico.
Como imputados están Alexis Medina Sánchez, hermano del ex presidente Danilo Medina; Francisco Pagán Rodríguez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez, Fernando Rosa Rosa, Julián Esteban Suriel Suazo, José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernavel Méndez Pineda.
Además, Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Danilo Medina, Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud, y Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República.
Los acusados fueron arrestados el 29 de noviembre de 2020, luego de que la Procuraduría General de la República practicara numerosos allanamientos.
Los fiscales afirman que los detenidos “aprovecharon vínculos familiares con el poder político para acumular fortunas durante el pasado período de gobierno".