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  • Por: Francisco Javier Mena
  • lunes 20 diciembre, 2021

Kenya Romero falla este martes solicitud de medida de coerción a general de Los Santos Viola

La jueza dictó la semana pasada 18 meses de prisión a cinco de 12 implicados en el expediente Coral 5G.

SANTO DOMINGO, RD.-La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, se reservó para mañana a las dos de la tarde el fallo de la medida de coerción al general Julio Camilo de los Santos Viola, implicado en la supuesta red de corrupción, desmantelada mediante la Operación Coral 5G.

El general de los Santos Viola, quien se desempeñaba como subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), había recusado a la magistrada Kenya Romero, pero la Corte de Apelación le rechazó la recusación.

La jueza Romero dictó la semana pasada 18 meses de prisión a cinco de 12 implicados en el expediente, a quienes les conoció medida de coerción tras ser vinculados a una red de lavado de activos, acusada de sustraer millones de pesos cuando estaban al frente de entidades castrenses.

En la cárcel de Najayo están por el caso Coral5G los generales Carlos Torres Rubiou, exdirector del Cuerpo de Seguridad Turística (Cestur) y Boanerges Reyes Batista, subjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), el capitán de navío Franklin Antonio Mata Flores, el coronel piloto Yehudy Blandesmil Guzmán Alcántara y el mayor José Manuel Rosario Pirón.

Mientras que el teniente coronel Erasmo Roger Pérez, el coronel Miguel Ventura Pichardo, el coronel paracaidista Carlos Augusto Lantigua Cruz, la primer teniente Jehohanan Lucía Rodríguez Jiménez y los civiles César Félix Ramos Ovalle y Esmeralda Ortega, quienes habrían colaborado con la Procuraduría Especializada en Persecución de la corrupción Administrativa (Pepca) tienen arresto domiciliario.

Para el teniente coronel Kelman Santana Martínez, se dispuso presentación periódica e impedimento de salida del país.

Al grupo, que pertenece a la segunda fase de la Operación Coral, el Ministerio Público lo acusa de sustraer fondos de las nóminas del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), hoy Politur, y del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep).

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