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SANTO DOMINGO.-La jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción extinguió la acción penal contra la exjueza Awilda Reyes Beltré, vinculada a una supuesta red de jueces vendedores de sentencias.
La magistrada Franchesca Potentini además ordenó el cese de toda medida de coerción que pese en su perjuicio.
Sin embargo, Potentini decidió que debe continuar el juicio preliminar en el caso del exjuez Francisco Arias Valera, acusado por los mismos hechos.
En 2015 estalló un escándalo a lo interno del Poder Judicial cuando se hizo pública una investigación en contra de la entonces jueza Awilda Reyes Beltré y el exconsejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, a quienes acusaban de formar parte de una alegada red de jueces corruptos que recibían sobornos de personas ligadas al narcotráfico, y lavado de activos, a cambio de recibir sentencias favorables.
La investigación iniciada por el entonces procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, daba cuenta de que el exconsejero del Poder Judicial Arias actuaba como la persona que supuestamente contactó e influyó a la jueza Awilda Reyes para que emitiera decisiones a favor de imputados en procesos judiciales a cambio de altas sumas de dinero.
Después de un juicio disciplinario, los investigados fueron destituidos y el caso fue declinado a la jurisdicción penal.
Recientemente, los exjueces solicitaron a la magistrada Potentini que declare la extinción del proceso penal que le siguen. Alegaban que expiró el tiempo máximo de cuatro años para un proceso penal.
El caso tiene cuatro años, solo en la etapa intermedia o de instrucción, sin que el caso haya logrado avanzar por diversas situaciones procesales.
De acuerdo con las informaciones que se divulgaron en ese entonces, entre los casos en los que hubo sobornos por sentencia figuran la orden de devolución de la aeronave Cessna 550, matrícula N61MA, incautada mediante orden de secuestro al presidente del quebrado Banco Peravia, José Luis Santoro.
También se cuestionó la sentencia de devolución de US$20 millones a favor de la empresa Prado Universal Corp., compañía constructora de la Torre Atiemar, cuyo presidente era el presunto narco español Arturo del Tiempo.
Awilda Reyes también fue cuestionada por disponer la libertad del exregidor del municipio de Pedro Brand, Erikson de los Santos Solís, quien en aquel tiempo estuvo en un proceso judicial por supuestamente dirigir una organización criminal dedicada a la invasión de terrenos y asesinato de miembros del transporte público.
