Aplazan para el miércoles audiencia de coerción contra los apresados en Operación Discovery

SANTIAGO, RD.- La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, recesó hasta el miércoles a las once de la mañana el conocimiento de la medida de coerción a los 38 implicados en la red mafiosa desmantelada mediante la operación Discovery, debido a la avanzada hora y el agotamiento de los detenidos y sus abogados.

La fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados y que el caso se declarado complejo.

El expediente acusatorio cuenta con 297 páginas, en las que el Ministerio Público sustenta unas 335 pruebas, 42 de ellas documentadas y 17 testimoniales.  

Los integrantes de la presunta red están acusados de estafar a cientos de ciudadanos estadounidenses, a los que despojaron de cuantiosos recursos económicos, usurparon identidades y vulneraron su seguridad e integridad.

La fiscal Sourelly Jáquez explicó que el Ministerio Público ha compilado y depositado ante el tribunal cientos de elementos de pruebas que vinculan estrechamente a los encartados con la estructura mafiosa que acumuló millonarios bienes materiales y en efectivo.

Jáquez se refirió al tema al ser abordada por periodistas, luego de que la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, Yiberty Polanco, recesó la audiencia hasta el próximo miércoles.

La fiscal refirió que los encartados aprovechaban el estado de vulnerabilidad de sus víctimas, muchas con edades de entre 80 y 95 años, para estafarlos con historias falsas en las que les hacían creer que nietos o hijos habían sufrido accidentes de tránsito y, tras someterlos a sus presiones, les hacían desprenderse de altas sumas de dinero.

Confió en que el tribunal validará la contundencia de las pruebas recolectadas durante meses en el curso de la investigación y destacó que la mayoría de imputados tiene procesos penales por asesinatos, narcotráfico, violencia y otros delitos.

Además de Jáquez el Ministerio Público estuvo representado por los fiscales Iván Félix, titular de la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología; Yarily Toribio, Isabel Santos, Claudio Cordero, Merlin Mateo y Andrés Octavio Mena.

El Ministerio Público pide 18 meses de prisión preventiva contra Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.

También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.

Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.

Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.

Al grupo se le imputan los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.

Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la estafa.