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SANTIAGO, RD.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago impuso medidas de coerción a las 39 personas arrestadas en la Operación Discovery, acusadas de estafar a miles de ciudadanos de Estados Unidos, haciendo uso de medios electrónicos.
La jueza Yiberty Polanco, ordenó la prisión preventiva por 18 meses contra los ocho encartados considerados líderes de la estructura mafiosa, incluyendo un arresto domiciliario.
Deberán guardar prisión Sucre Rafael Rodríguez Ortiz, José Eliezer Rodríguez Ortiz, Pablo Miguel Balbuena, alias Miguel Ortiz y/o La Válvula, Máximo Miguel Mena Peña, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández, Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate), Génaro Antonio Hernández Caba y Jhonatan Francisco Vásquez Ventura.
Enmanuel Castro Ozuna (Billete) deberá guardar arresto en domicilio con un dispositivo electrónico.
El tribunal acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró el proceso de tramitación compleja, debido a que se trata de un caso en el que hay pluralidad de imputados, de víctimas y de delitos endilgados.
El dispositivo de la sentencia, que será leído de manera íntegra el próximo martes 19 de abril, establece, además, que se impone una garantía económica e impedimento a salir del país contra los restantes 30 encartados.
El imputado Willian Hiche Cárdenas tendrá que llevar un dispositivo electrónico, pagar una garantía económica de $500,000 pesos a través de una compañía aseguradora, permanecer en el país y presentarse periódicamente ante las autoridades.
Los encartados David Antonio Guzmán Javier, Juan de Dios Martínez Brito y Wilmer Abreu Durán pagarán una garantía económica de $800,000 pesos, prohibición a salir del país, presentación periódica y la colocación de un dispositivo electrónico.
Entre tanto, Josué de Jesús Marte, Winston Rafael Batista Brito y Jean Carlos Rosa Vargas deberán pagar una garantía económica de un millón de pesos, prohibición de salir del país, presentación periódica y la colocación de un dispositivo de localización electrónica, como medidas de coerción.
Las imputadas Sarah Altagracia Kimberly Rodríguez Ortiz y Anabel Adames presentarán una garantía económica por la suma de un millón 500 mil pesos, en tanto se ordena la prohibición de salir del país, la presentación periódica y la colocación de un dispositivo electrónico.
Al imputado Enrique Sánchez se le impuso la presentación de una garantía económica de $300,000 pesos, la prohibición de salir del país y presentación periódica.
La decisión del tribunal incluye también las medidas de coerción consistentes en la presentación de una garantía económica, prohibición de salir del país y presentación periódica contra los imputados Joel Estévez Then, Willys Mena, Félix Manuel Jorge Muñoz,
Juan Carlos Silverio Gómez, Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Cristina Lhin Yeng, Linda Pérez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Wilson Núñez Rodríguez, William Alberto Díaz Cruz, José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Salim Bautista Santana, Juan Carlos Belliard Uceta, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomas Camacho Tejada, José Óscar Peguero Martínez.
Así también Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Jonathan Yoelfri Peña Martínez.
La jueza valoró el debido proceso de ley con el que el Ministerio Público cumplió y destacó que había un delito de investigación previa, en la que se procedió bajo el marco legal.
En su argumentación, la juzgadora también valoró la cooperación internacional con la cual el órgano investigador llevó a cabo la labor persecutora y rechazó que se haya transgredido el derecho interno, como alegaron los imputados a través de sus abogados.
Previo a detallar las medidas que impuso a los miembros de la estructura mafiosa, la jueza argumentó las razones por las que rechazaba todos los incidentes planteados por las defensas técnicas respecto al alegato de la inconstitucionalidad, acerca de la presencia de las víctimas y a la flagrancia.
Una nota de la Procuraduría General de la República dice que la imposición de las medidas de coerción al conjunto de encartados evidencia su vinculación con la red mafiosa del ciberdelito y determina que el Ministerio Público cumplió con el debido proceso.
