Cuando el gobierno anunció la firma del pacto eléctrico, que establecía obligaciones puntuales para mejor el servicio y transparentar el sector, hubo de agotar un delicado proceso de comunicación para hacerle entender a la población que la decisión no era del Poder Ejecutivo y mas allá de eso, para que se comprendiera que era un mandato razonable, aunque doloroso.
Se entendía bien claro que no era fácil llevar a cabo el proceso de sincerización de la tarifa eléctrica que establecía reajuste trimestral hasta el año 2026. El pacto hablaba claramente de reducir el costo de operación, de reducir pérdidas, entre otros imperativos.
Lo más lejos era pensar que en medio de la situación que demandaba sacrificios a la población, los directivos del órgano que dispuso la ejecución de aumentos en la tarifa eléctrica se estaban sirviendo con la cuchara grande y se habían dispuesto para su beneficio aumentos salariales considerables, en uno de los casos aumentos de más de 150 mil pesos en el salario básico mensual.
Al conocer del impacto que ha generado el proceso de sincerización de la tarifa eléctrica, el Presidente de la República anuncia la suspensión momentánea del aumento en el precio de la energía, evidentemente en señal de un nuevo sacrifico del gobierno, pero de repente nos enteramos de que el sacrificio trimestral de la población era unilateral y que la cabeza de la Súper Intendencia de Electricidad estaba viviendo un período de abundancia que contrastaba con las dificultades del resto de la población.
Al describirse el hecho la reacción ha sido de indignación y rabia. Nada justifica tal cosa. El Presidente haría un buen servicio al gobierno y al país si adoptara alguna decisión que grafique su desaprobación más absoluta a ese tipo de medida, que luce abusadora e inoportuna.