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La esposa del expresidente Porfirio Lobo fue hallada culpable por los delitos de fraude y apropiación indebida.
Un tribunal de Justicia de Honduras condenó este miércoles a 14 años de prisión a la exprimera dama Rosa Bonilla de Lobo por los delitos de fraude y apropiación indebida, informó el periódico local La Prensa.
La esposa del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014) ya había sido sentenciada en 2019 a 58 años de cárcel por 13 delitos de corrupción, por lo que continuará en prisión luego de la nueva disposición judicial.
En este nuevo juicio, también fue condenado el exsecretario privado de Bonilla, Saúl Escobar, a una pena de siete años y diez meses de prisión por haber cometido fraude en perjuicio de la administración pública, en calidad de coautor.
En tanto, Bonilla fue condenada a 7 años, 10 meses y 15 días más el pago de una multa por el doble del valor defraudado por el delito de fraude continuado; y 6 años, 2 meses y 20 días por apropiación indebida.
La multa asciende a 13,8 millones de lempiras, el equivalente a más de 560.000 dólares.
Según las investigaciones del Ministerio Público, los acusados "conformaron una organización delictiva para apropiarse de fondos a través de 70 cheques otorgados a nueve personas simulando relaciones contractuales, para dar apariencia de legalidad".
De acuerdo a la prensa hondureña, Bonilla manejó una cuenta bancaria que tuvo ingresos por 94,7 millones de lempiras, supuestamente para proyectos sociales que debían ser ejecutados por la Unidad de Desarrollo Comunitario (Udeco).
La exprimera dama abrió el 22 de enero de 2014 una cuenta personal en un banco hondureño y ese mismo día depositó 12 millones de lempiras (unos 500.000 dólares estadounidenses), a través de un cheque proveniente de una cuenta oficial, indicó la Fiscalía.
El primer juicio contra Bonilla y Escobar se llevó a cabo en febrero de 2019 y, en septiembre de ese año, fueron condenados a 58 y 48 años de cárcel, respectivamente, luego que el Tribunal de Sentencia los declarase culpables por apropiación indebida y fraude.
Sin embargo, en marzo de 2020, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolvió anular el proceso judicial y ordenó que se realizase uno nuevo, aduciendo un mal procedimiento en el desarrollo del primer juicio, en respuesta a dos recursos presentados por la defensa de los acusados.
