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Sábado, 4 de Febrero, 2023

En México: Diputados aprueban recursos abandonados en bancos se destinen a seguridad pública

Por: Araceli Aguilar Salgado, especial para 7dias.com.do

“Esta reforma propone que los recursos de las cuentas bancarias inactivas pasen a financiar a policías municipales, estatales y Guardia Nacional”

La Cámara de Diputados aprobó una reforma al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, a fin de que los recursos abandonados en instituciones bancarias se destinen a seguridad pública, la cual ha sido bautizada como Ley Mier, ya que la iniciativa fue presentada por el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco de la bancada de Morena.

Esta reforma propone que los recursos, así como los intereses y rendimientos acumulados, generados por todos los depósitos e inversiones en cuentas abandonadas prescribirán en favor de la seguridad pública y se deberán destinar para las políticas y acciones de combate a la delincuencia en los porcentajes que para tal efecto se establezcan.

También, menciona que los depósitos e inversiones y sus intereses, sin movimiento en el transcurso de tres años contados a partir de que estos últimos se depositen en la cuenta global, cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización en la Ciudad de México, prescribirán en favor del patrimonio de la beneficencia pública; la ley vigente establece 300 días de salario mínimo general.

Si los montos son menores a 51,958.8 pesos, monto equivalente a 540 Unidades de Medida y Actualización (UMA), cuyo valor en este año 2022 es de 96.22 pesos, se destinarán a la beneficencia pública.

Las instituciones bancarias estarán obligadas a entregar los recursos correspondientes tanto a la beneficencia pública como a la dependencia responsable de la seguridad pública, dentro de un plazo máximo de quince días contados a partir del 31 de diciembre del año en que se cumpla el tiempo de abandono de las cuentas.

El documento fue avalado en lo general, con 483 votos a favor, cero en contra y una abstención y, en lo particular, con 366 votos a favor, 102 en contra y cero abstenciones.

En los transitorios, se menciona que a efecto de disponer de los recursos que prescriben en favor de la seguridad pública, estos serán considerados como excedentes en términos del artículo 19 de la Ley de Ingresos de la Federación.

Además, el Sistema Nacional de Seguridad Pública, a través de su Consejo Nacional, deberá instrumentar los mecanismos de coordinación con los bancos a fin de estar en posibilidades de realizar el traslado de los recursos financieros en un plazo que no exceda los 180 días a partir de la entrada en vigor de la reforma.

El Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá establecer de manera anual los mecanismos de distribución de los recursos, atendiendo las necesidades y prioridades establecidas en los correspondientes instrumentos, así como en la legislación correspondiente, el cual deberá establecer un porcentaje de 50 por ciento para la Federación, un 30 por ciento para las entidades federativas y un 20 por ciento para los municipios del país y alcaldías de la Ciudad de México.

Subraya que los recursos financieros a los que se hace referencia en el presente decreto, al formar parte del presupuesto, serán objeto de fiscalización y revisión de la Cuenta Pública en términos de la legislación aplicable.

La iniciativa presentada por el diputado Moisés Ignacio Mier Velazco (Morena) y suscrita por la diputada Juanita Guerra Mena (Morena), se consideró de urgente resolución, se le dispensaron todos los trámites, se sometió a discusión y votación de inmediato, y se canalizó al Senado de la República para su discusión.

Expone que la finalidad es disponer del monto total que resulte de restarle los recursos que hayan prescrito en favor de la beneficencia pública y se encuentren en la cuenta global, a fin de que recluyan en favor de la seguridad pública y sean destinados para lo que se establece en la estrategia nacional de seguridad pública y el fortalecimiento de las corporaciones de seguridad tanto a nivel federal como de las entidades federativas y municipios.

El voto es a favor, expuso el panista Carlos Alberto Valenzuela, pues “abre la puerta al regreso” de fideicomisos extintos, como el Fondo de Fortalecimiento a la Seguridad Pública (FORTASEG), eliminado por el gobierno federal y por el cual se daban recursos para capacitación y equipamiento de policías locales.

Pero el PAN votó en contra en lo particular, al ser rechazadas sus reservas, entre ellas las de la diputada Patricia Terrazas Baca, quien alertó que la propuesta original era para dar 70% de los recursos a los estados y 30% a los municipios, pero de última hora se decidió dar la mayor parte a la Federación, que no estaba contemplada.

“Ahora es diferente, para los estados 30%, para los municipios 20% y ahora 50% para la Federación, que nuevamente se lleva la rebanada”, señaló.

El diputado Román Cifuentes pidió que los recursos se destinen y administren por el Secretariado de Seguridad y no a Secretaría del a Defensa Nacional (SEDENA) -que controla a la Guardia Nacional- y Blanca Estela Romo, quien pidió considerar como casos especiales los de cuentas bancarias de personas desaparecidas y que por esa razón no fueron reclamados, casos en los que dé debería dar esa posibilidad a sus familias.

Sin embargo, no fueron aceptados esos cambios.

En la discusión en lo particular, se desecharon las reservas con propuestas de modificación al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito y los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto y Sexto, presentadas por las y los diputados del PAN, Román Cifuentes Negrete, Javier González Zepeda, Justino Eugenio Arriaga Rojas, Martha Estela Romo Cuéllar, Patricia Terrazas Baca y José Antonio Zapata Meraz, así como por la diputada de MC, Taygete Irisay Rodríguez González.

“No se está proponiendo disponer de los recursos de usuarios de servicios financieros con posibilidades de ser reclamados, sino de aquellos recursos cuyo derecho a ser reclamados han prescrito; es decir, que habiendo transcurrido los seis años que marca la ley, no fueron ni podrán ser reclamados por lo que no se afectan las garantías constitucionales” Moisés Ignacio Mier Velazco.

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