SANTO DOMINGO, R.D.- El fiscal de Santiago, Osvaldo Bonilla, afirmó este martes que la acusación presentada por el Ministerio Público en contra de los acusados de lavado de activos procedentes del narcotráfico en la denominada Operación Falcón, no tiene precedentes, alegando que se trata de un expediente que aporta miles de pruebas que vinculan a cada uno de los imputados.
Bonilla detalló que son imputaciones por lavado activos provenientes del narcotráfico, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas y delitos en contra del fisco.
“Es uno de los casos más importante contra la criminalidad organizada en República Dominicana, en los últimos tiempos”, sostuvo.
Dijo que el Ministerio Público asume con responsabilidad su rol persecutor, por lo que a partir de ahora corresponde al Poder Judicial ejercer su rol con rigurosidad.
Explicó que las pruebas documentales y periciales llevaron al Ministerio Público a solicitar al tribunal el decomiso de más de 200 inmuebles, incluyendo estaciones de venta de combustibles, villas, apartamentos, empresas, así como una gran cantidad de vehículos que incluyen automóviles de alta gama.
Agregó que la cantidad de dinero ocupada a los integrantes de la red sobrepasa los 500 millones de pesos, al tiempo de señalar que los imputados manejaron en sus operaciones más de 10 mil millones de pesos.
Destacó que el Ministerio Público continúa trabajando en el proceso, al tiempo de considerar que los imputados deben seguir en prisión hasta que se conozca el juicio de fondo y se determine su condena, porque son imputados que, de ser puestos en libertad por los jueces no garantizan su presencia en los actos del proceso.
Una nota del Ministerio Público dice que el fiscal gestionó orden de arresto contra unos cinco o seis prófugos.
Indicó que uno de los involucrados fue extraditado hacia Puerto Rico.
“Es una investigación muy amplia, que involucra múltiples sectores, varias regiones del país y al día de hoy estamos presentando acusación contra 31 imputados que son las físicas y 39 personas morales, que son las empresas vinculadas a los imputados, que ellos utilizaron como vehículo societario para producir los ilícitos vinculados al lavado de dinero”, dijo Bonilla.