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Cositorto está detenido desde abril de este año, cuando fue extraditado desde República Dominicana en el marco de la causa que lleva adelante la fiscal Juliana Companys, de Villa María,
CÓRDOBA. – A siete meses de que estallaran dos de los casos más resonantes sobre supuestas estafas piramidales en el país, que involucran a las firmas Generación Zoe y Adhemar Capital, quienes se presentaron como presuntos damnificados por no haber obtenido el retorno prometido sobre el dinero que entregaron a esas empresas, que invertían en criptomonedas y prometían una alta rentabilidad en dólares, siguen sin cobrar.
Los líderes de las dos organizaciones continúan presos; Leonardo Cositorto en la cárcel cordobesa de Bouwer y Edgar Bacchiani, en la catamarqueña de Miraflores. Pero, aun en situación de encierro, no dejan de operar. El presidente de Zoe abrió una nueva plataforma virtual para captar “inversores”: All Us Education. El dueño de Adhemar, en tanto, quiere que le den la prisión domiciliaria para –afirma– poder hacer frente a sus compromisos: ya se detectó que en su billetera virtual atesora casi 59 millones de dólares.
Cositorto está detenido desde abril de este año, cuando fue extraditado desde República Dominicana en el marco de la causa que lleva adelante la fiscal Juliana Companys, de Villa María, en la que está imputado supuesto delito de estafa y asociación ilícita. En la investigación –que acumula 300 denuncias en esta provincia– hay 18 detenidos, 30 imputados y dos prófugos.
El líder de Generación Zoe afronta también causas en Rosario, Salta y Corrientes, y tiene expedientes abiertos en la justicia federal porteña. Solo en Córdoba, según los datos de la investigación, habría movido 10 millones de pesos y 2 millones de dólares.
Cositorto declaró dos veces ante la fiscal. La primera fue en abril, mientras que la ampliación fue a mediados de septiembre, cuando se le agregaron tres imputaciones por hechos que venían siendo investigados. No reconoció las estafas.
Guillermo Dragotto, defensor de Cositorto, dijo a LA NACION, que en estos días la fiscal Companys está tomando testimonios para acreditar la ruta del dinero que manejaba Miguel Echegaray, uno de los prófugos. Por otro lado, el letrado espera que la Cámara de Acusación de Río Tercero le fije fecha para el alegato de la apelación de la prisión preventiva.
Además de las causas judiciales, hay un sumario administrativo abierto por la Comisión Nacional de Valores (CNV) por la posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el ámbito del mercado de capitales. El organismo advirtió a sus pares reguladores de Colombia, España y Paraguay, donde el grupo operaba.
Hace tres meses, Cositorto dio la última entrevista desde prisión, a C5N. Insistió con que no hay “ninguna prueba” en su contra y ratificó lo que le dijo a la fiscal en su primera declaración: que es una “víctima” de los medios de comunicación. En esa oportunidad convocó a una marcha a su favor frente al Patio Olmos, en esta capital provincial; no logró que fuera un número importante de manifestantes.
“El dinero manda también en la Justicia. Sin ninguna prueba me ponen a mí como el rey de la estafa. No sé a quién estafábamos ayudando a 110.000 personas a nivel mundial”, sostuvo. Planteó que aprovechaba para hablar “en nombre de los 4000 detenidos que hoy están lejos de sus familias, están destrozados los negocios y los lazos familiares” y sentenció: “Es vergonzoso este grupo de fiscales verticalistas”.
En esa oportunidad anunció que a partir del 16 de setiembre seguirían operando. Así presentó All Us Education, la plataforma que armó estando detenido.
“Nos dedicamos a la educación, al turismo y a pagar el 7,5%, que fue la gran difamación que me hicieron a mí en un país donde el dólar sube 37% en este mes y el bitcoin subió un 20% en una semana [en julio]. No sé qué tanto alarde por un 7,5%”, señaló. Aseguró que perdieron 156 millones de dólares porque “tres graciosos de Twitter, más unos cuantos empresarios corruptos, y una línea política, decidieron quitarnos del mercado”.
“Hola equipo, ¿Cómo están? Excelente jornada para todos. Este audio es para terminar de confirmar y aclararles algunas de las condiciones básicas que tenemos en esta tremenda oportunidad llamada All Us. Una comunidad de líderes que va a permitir alcanzar a cientos, a miles, un millón, dos millones, cuatro millones de personas. Empezamos con un valor ínfimo, ustedes saben hay que poner 6 dólares”, dijo Cositorto en un audio viralizado el 1° de septiembre desde la cárcel de Bouwer.
Describió que deben sumar “cinco invitados” y que la empresa “reparte el 90% de lo que recauda”. En esa línea, prometió que cualquiera, “poniéndose un poquito las pilas”, puede “cambiar totalmente su situación”.
En declaraciones al programa radial ATP, a inicios del mes pasado, advirtió que pondría “nuevamente a la empresa” de pie, aunque aclaró que no ingresará al circuito financiero. Sí que trabajaría para que quien invirtió y confió en Zoe “recupere y multiplique el dinero que ganó”. Dragotto confirmó a LA NACION que la plataforma está operando: “Es solo virtual, es una réplica de las que hay en otros países”.
Hace una semana, un grupo que se define como “Estafados Generación Zoe” se reunió frente a los Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires para pedir que se aceleren las investigaciones en la Capital.
Contra Adhemar Bacchiani, titular de la financiera Adhemar Capital, hay unas 200 denuncias radicadas en Córdoba (a diario se siguen sumando) y unas 600 querellas iniciadas en Catamarca (donde se unifican las presentaciones de esa provincia, La Rioja y de Tucumán). Para el fiscal federal general de Tucumán, Antonio Gómez, el dinero involucrado alcanzaría los 50 millones de dólares. Los abogados querellantes estiman unos 400 millones de dólares de perjuicio y calculan que solo presentó el 30% de los afectados presentó denuncias, ya que hay “mucho dinero no declarado”.
A fines de agosto, la Justicia –con la asistencia técnica de especialistas de la Gendarmería– finalmente logró abrir la billetera virtual de Bacchiani, que está imputado por estafa, lavado de activos e intermediación financiera. Mostró que en la cuenta de Binance tenía 58.711.171 dólares. Sin embargo, rechazó revelar los movimientos que hizo antes de quedar detenido y que son claves para la investigación por lavados de activos.
Adhemar ofrecía pagar intereses de entre el 18% y el 20% mensual en dólares; en los primeros tiempos cumplió, pero los problemas comenzaron a inicios de este año. Bacchiani sostiene que si le dan prisión domiciliaria –como la tienen los otros dos detenidos en la causa– comenzará a devolver el dinero. Hasta ahora pagó, en 21 acuerdos, unos 200 mil dólares.
En la última semana, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que el juez federal de Catamarca, Miguel Ángel Contreras, debe declinar su competencia en la acusación de estafa y cedérsela a la Justicia provincial de Córdoba para los denunciantes de ese distrito. Por su lado, el fiscal general Gómez pidió hace unas horas el apartamiento de Contreras.
En su escrito ante la Cámara Federal de Tucumán, señala: “Resulta imposible avanzar en el acopio de material probatorio si se carece de certeza sobre la capacidad de un magistrado para ejercer el poder de juzgar un delito”.
Gómez sostiene que la adquisición de criptomonedas es una “acción más en la cadena de operaciones concretadas a fines de dar apariencia de legalidad a la captación de los dineros” que hacía Adhemar, y plantea que el trading de criptomonedas está “atravesado por el anonimato, que garantiza al trader impunidad sobre el origen y la administración de los valores virtuales”.
También indica que existen “numerosos indicios” –menciona compra y venta de vehículos de alta gama; introducción de dinero en sociedades, compra y venta de numerosos inmuebles, gran cantidad de dinero en cuentas– de que Bacchiani y los otros involucrados “no podían desconocer o al menos sospechar sobre el origen ilícito del dinero; por el contrario, es dable suponer que conocían esta situación y por eso se esforzaron mutuamente para darles a los bienes la apariencia de legítimos a través de los ingeniosos mecanismos que idearon”.
En Catamarca, Adhemar no era la única financiera que operaba en un esquema que, al menos, resultaba sospechoso. Sumaban siete, y desde comienzos de año se multiplican los testimonios de quienes vendieron autos o casos para poner dinero en esas empresas. Andrés Jalil, hermano del gobernador catamarqueño Raúl Jalil e inversionista de Adhemar, es uno de los denunciantes. Es, además, el padrino del hijo de Bacchiani, quien dijo a LA NACION que eran “amigos”.
Alfredo Aydar, abogado de un grupo de denunciantes, hizo una presentación ante la Justicia solicitando que Arca, el ente recaudador de Catamarca, “revea el dinero recaudado en la oficina de Adhemar, ya que tenían un box allí y cobraban impuestos”.
