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La decisión de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo anulando la decisión del Consejo del Poder Judicial, ordenando su reintegro y al pago de sus honorarios desde el año 2017 a la jueza Cristo Cristo que había sido desvinculada por una resolución draconiana a instrucciones del entonces Presidente de la Suprema Corte de Justicia acaba de poner en evidencia que los garantes del debido proceso no les garantizan los suyos cuando son sometidos a juicio disciplinario.
En efecto, por sentencia dictada el día 2 del presente mes la jurisdicción administrativa conmina a la Suprema Corte de Justicia disponer el reingreso de la magistrada previo los salarios dejados de percibir desde el año 2017 en un plazo de treinta días a partir de la notificación.
El TSE considero que la jueza Cristo Cristo se le violaron las reglas del debido proceso administrativo y en consecuencia anuló la resolución.
Esta decisión se suma a los casos de la jueza del Distrito Nacional Awilda Reyes que luego se muchos años soportando un proceso penal resultó descargada, la magistrada Aleyda de San Francisco de Macoris y el juez Amgomas de San Cristóbal que fueron descargados después de varios años suspendidos bajo investigación por el traslado y sustitución de cárcel por casa el Quirinito, quien luego desapareció sin dejar rastros.
En este momento el juez Francisco Ramírez Consoró está suspendido por una denuncia presentada en su contra por la Procuraduría General Especial contra la Corrupción Administrativa que dirige Wilson Camacho, a quien el Consejo del Poder Judicial le ha enviado el caso para investigarlo.
El juez Consoró con sobrada razón ha denunciado que en una investigación puesta a cargo del mismo denunciante no hay garantía de objetividad.
Esa desatinada decisión del actual Consejo del Poder Judicial evidencia que los jueces no respetan los derechos y garantías de los propios jueces.
Los jueces también tiene el derecho a tener derechos.
La Jueza Cristo había sido cancelada por el órgano disciplinario del Poder Judicial por una investigación abierta por la Inspectoría Judicial en el año 2015 a requerimiento del entonces Presidente de la Suprema Corte de Judicial Mariano Germán Mejía, pero esta impugnó la decisión demostrado que en su caso se violaron las normas del debido proceso.
